Por Ricardo López Pescador
“Vamos a aprobar la reforma electoral, como venga” sentenció el diputado Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del morena en la cámara de diputados, refiriéndose a la iniciativa que enviará al Congreso la Presidenta de la República el próximo martes 24 de febrero, en la que -según se ha filtrado- se propone la modificación de la representación proporcional, la reducción de los organismos electorales en los Estados, incluida la disminución del presupuesto y del número de consejeros del INE, así como un severo recorte al financiamiento público de los partidos políticos.
Dicha declaración dibuja la forma en la que hoy operan los órganos del Estado mexicano: en la sumisión, acatando líneas y con total claudicación para ejercer sus funciones. La Constitución establece que los diputados representan al pueblo de México, su representación es popular y nacional. Son electos directamente por los ciudadanos mediante voto directo por dos vías electorales: en distritos electorales (mayoría relativa) y en listas plurinominales (representación proporcional).
El articulo 51 de la Carta Magna señala que la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación, siendo algunas de las funciones que deben asumir la creación y modificación de leyes, aprobación anual del presupuesto federal, fiscalización del gasto público y la supervisión sobre el gobierno.
La declaración del diputado Monreal representa un acto de sumisión a los deseos de la presidenta. La forma de actuar del grupo parlamentario de morena significa que se olvidan de su representación popular y se convierten en una masa sumisa para que prevalezca la voluntad de una persona que se erige como la única voz del pueblo, propiciando que las atribuciones del poder legislativo sean moneda de cambio para conservar o conseguir prebendas políticas.
La obligación de los legisladores -como un poder independiente según nuestra teoría y tradición constitucional- es recibir y procesar cada iniciativa que se origina en otro poder. El proceso implica que se debe analizar el contenido de cada iniciativa, darla a conocer a todos los legisladores, turnar a una o varias comisiones para la emitir un dictamen y regresar al pleno para la “discusión y votación” de los 500 diputados que integran el pleno de la Cámara de Diputados.
Comprometer por adelantado el voto “unánime” a una iniciativa que ni siquiera conocen -ni la “burbuja parlamentaria”, menos el resto de los diputados- porque aún no se ha presentado, muestra a una clase política de morena con actitudes de soberbia. Ricardo Monreal sabe que una reforma electoral debe tener los consensos básicos para ser efectiva, se trata de establecer las nuevas reglas de los comicios electorales. La iniciativa que se redacta en palacio nacional no tiene el consenso de los partidos aliados al poder -PT y PVEM-, tampoco de los partidos de oposición, también carece de una socialización con sectores de la opinión pública, con los miembros del servicio electoral y de la academia.
Es claro que las instituciones se reducen, se disminuyen cuando sus dirigentes renuncian a cumplir con la misión encomendada. El Congreso de la Unión es la representación de una sociedad activa, plural, informada, que espera que las decisiones de sus representantes se realicen con base en la razón, el dialogo, los acuerdos, para que cada resolución sea la mejor, la de mayores beneficios sociales.
Es lamentable que el Congreso mexicano este reducido a una simple oficialía de partes, que la capacidad y conocimiento de 500 representantes populares sea desdeñada, obligándolos a votar sin conocimiento del tema, sin dialogo, sin discusión, sin tolerancia para disentir.
El adelantar que “vamos a aprobar, vamos a respaldar en sus términos la iniciativa que nos envíen, venga como venga” es la claudicación a la independencia del poder legislativo, la docilidad y obediencia ciega para no incomodar a quien ejerce el poder ejecutivo, sin analizar si la reforma beneficia o perjudica el proceso democrático del país. El coordinador exhibe a los diputados que debe proteger y respetar como seres obedientes para votar en el sentido que se les instruya.
A manera de duda: estas formas de operar los poderes públicos no significan acaso ¿una traición al pueblo de México?, o bien, estamos ante la objetivación de una de sus acusaciones favoritas dirigidas contra quienes disienten: ¿es una “traición a la patria”?
