Por: Iraí De La Fuente
World Justice Project 2026
Para una persona que ha sido víctima de un delito, la justicia comienza con la esperanza de que alguien la escuche, investigue lo ocurrido y le ayude a recuperar la tranquilidad, pero cuando esa respuesta tarda o nunca llega, el daño se prolonga y aparece una desconfianza que termina por afectar nuestra convivencia, pues se instala la sensación de que denunciar sirve de poco y de que quien incumple la ley puede seguir haciéndolo sin enfrentar consecuencias.
Desde esa realidad debemos leer los resultados del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que México pasó del lugar 121 en 2025 al 125 de 143 países en 2026, un retroceso de cuatro posiciones acompañado de una disminución de 2.7 % en su puntuación general, lo que confirma que el deterioro también está en nuestra propia evaluación, más allá de los avances o retrocesos de otros países.
El índice permite observar cómo se vive el Estado de derecho mediante encuestas a la población y a especialistas, considerando aspectos como los límites al poder, la ausencia de corrupción, los derechos fundamentales, la seguridad y el acceso a la justicia, por lo que sus resultados reflejan el funcionamiento de distintas instituciones cuyas decisiones tienen consecuencias en la vida cotidiana.
La preocupación aumenta cuando se revisan las áreas directamente relacionadas con la justicia, pues en 2026 México ocupa el lugar 135 en justicia civil y el 139 en justicia penal entre los 143 países evaluados, posiciones que obligan a reflexionar sobre la capacidad institucional para resolver conflictos y responder a las víctimas, porque detrás de cada procedimiento hay personas cuyo patrimonio, libertad o seguridad dependen de una actuación oportuna e imparcial.
A ello se suma una realidad que ayuda a comprender la profundidad del problema, pues la ENVIPE 2026 del INEGI señala que, durante 2025, el 93.4 % de los delitos estimados no se denunció o no dio lugar a una carpeta de investigación, una cifra que, aunque no equivale a una tasa de impunidad, muestra la enorme distancia entre sufrir un delito y conseguir que las autoridades comiencen a investigarlo, dejando a millones de personas con un camino hacia la justicia que se interrumpe desde el inicio.
En este contexto corresponde reflexionar sobre la reforma al Poder Judicial, publicada en septiembre de 2024, que introdujo la elección popular de personas juzgadoras y cuya implementación debe examinarse frente a las necesidades que dieron fuerza a la exigencia de transformar la justicia, entre ellas contar con procedimientos accesibles, resoluciones oportunas, combate a la corrupción y protección efectiva de los derechos, porque la legitimidad de cualquier cambio institucional necesita sostenerse también en sus resultados.
Sería impreciso atribuir únicamente a esta reforma el retroceso registrado por el WJP, pues el índice evalúa múltiples instituciones y problemas que vienen de años atrás; sin embargo, los resultados sí obligan a revisar críticamente el rumbo de la transformación, porque cambiar la manera de integrar los tribunales exige demostrar, en la práctica, que las personas encuentran mejores condiciones para defender sus derechos y que las decisiones judiciales conservan independencia frente a intereses políticos, económicos o criminales.
La impunidad también nos obliga a revisar la manera en que hemos entendido la transformación de la justicia, pues durante mucho tiempo la discusión pública se ha concentrado en las personas que operan los órganos jurisdiccionales, mientras las dificultades para denunciar, investigar y resolver continúan afectando a la ciudadanía, de modo que una reforma puede “modificar profundamente” la estructura del poder y aun así resultar insuficiente si deja pendientes las condiciones que impiden que una víctima encuentre respuesta.
Pasar del lugar 121 al 125 deja una señal que merece analizarse con seriedad, especialmente después de una reforma de esta magnitud, pues aunque el retroceso no puede explicarse por una sola causa, sí cuestiona la suficiencia de las respuestas que hemos construido y nos recuerda que los cambios legales deben valorarse por lo que producen en la vida de las personas, donde la verdadera medida de la justicia sigue siendo la posibilidad de encontrar protección, obtener una resolución imparcial y confiar en que la ley se aplicará sin privilegios.
