Inversiones por 196 mil 769 millones de pesos, correspondientes a 57 proyectos de energía ya en operación y 14 nuevos, están amenazadas por la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el Ejecutivo.
Las empresas detrás de esa inversión podrían exigir indemnizaciones al Gobierno por el incumplimiento de contratos al amparo de tratados comerciales, reconoce un análisis de impacto presupuestario realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados.
«Estos proyectos involucran al menos a 28 empresas de diversos países, que en caso de aprobarse la iniciativa estarían en posición de interponer controversias constitucionales o exigir ser indemnizadas, según lo convenido en los contratos y si se encuentran bajo el amparo de tratados internacionales», revela el documento.
Los proyectos en cuestión son de energías renovables, resultado de tres subastas de largo plazo realizadas entre 2015 y 2017, y cuyos contratos tienen vigencia hasta por 20 años. La capacidad instalada conjunta suma 9 mil 525 megawatts.
A la fecha, la inversión prácticamente está ejercida y el resto está en proceso de ejercerse para ocho proyectos eólicos y siete solares.
De acuerdo con el documento del CEFP, la reforma al sector eléctrico podría afectar «diversos compromisos en materia de inversión, comercio transfronterizo de servicios y empresas del Estado, que abarcan tres tratados de libre comercio: el T-MEC con Estados Unidos y Canadá; el Tratado de Asociación Transpacífico (CPTPP) con otras 10 naciones de la Cuenca del Pacífico (Asia y América) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE)».
El 23 de octubre pasado, 43 legisladores republicanos y demócratas de ambas cámaras del Congreso estadounidense enviaron una carta al entonces Presidente Donald Trump en la que alertaron sobre acciones de las autoridades mexicanas que «contradicen el espíritu» del T-MEC.
El centro de estudios expuso que con la iniciativa de reforma se violan temas relacionados con el medio ambiente, mejora regulatoria y protección a las inversiones, lo que llevaría al Gobierno a indemnizar a las empresas afectadas y generar un pasivo contingente en el mediano plazo.
Destacó que otras inversiones proyectadas por 451 mil 289 millones de pesos, correspondientes a proyectos propuestos por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para generación de energía solar y eólica, y que se encuentran en etapa de autorización y ejecución, también podrían verse afectadas.
