Cuando un gobierno busca resolver una problemática mediante alguna política pública, lo mínimo exigible por cualquier ciudadano no es que sea perfecta, ni siquiera que sea plenamente exitosa, sino que —al menos— no empeore aquello que pretende resolver. En este caso, las acciones que giran en torno a Pemex no solo están dejando mucho que desear en cuanto a un cimiento económico para México, sino que ahora están abriendo nuevos frentes que enojan a la sociedad. Dicho metafóricamente: lo que antes era una pequeña fuga de ducto ahora se ha convertido en un derrame que ha salpicado a la sociedad que, sin deberla, ahora la está pagando, incluso a costa de sus propios derechos.
Durante décadas, Pemex fue sinónimo de soberanía, desarrollo y orgullo nacional. Desde niños crecimos escuchando eso y se convirtió en una idea asumida como una verdad incuestionable. Hoy, sin embargo, esa narrativa empieza a chocar con otra realidad, porque ya no se trata solo de producción, deuda o rentabilidad, sino también de derechos humanos que se tambalean cuando la operación de una empresa del Estado se traduce en afectaciones directas a la vida cotidiana de miles de personas.
Antes y después del incidente de Dos Bocas y los otros derechos.
Después del incidente ocurrido en la refinería Olmeca, en Tabasco, la atención se volcó de manera mediática sobre el mismo hecho; sin embargo, el problema de fondo no empezó ahí, sino mucho antes, ya que de manera previa existían señales claras en torno a la ubicación y las condiciones de operación de la refinería.
Si bien no se había presentado un evento de esa magnitud, una escuela cercana ya había manifestado quejas por olores, emisiones y condiciones ambientales que, más allá de cualquier relación directa con el incidente, evidenciaban afectaciones en la vida cotidiana de estudiantes y docentes. Esto no era un hecho aislado, sino una advertencia sistemáticamente ignorada que mostraba cómo, incluso sin accidentes, el entorno ya estaba generando tensiones reales en derechos como la salud, la educación y el acceso a un medio ambiente sano, derechos que en la práctica suelen ser relegados hasta que ocurre un evento visible, cuando en realidad su vulneración ya estaba ocurriendo desde antes.
Expresado en otras palabras: aun sin que hubiera ocurrido el incidente, las condiciones que ya se venían presentando alrededor de la refinería planteaban un problema de fondo. Su operatividad ya venía transgrediendo los artículos 3º, 4º, 5º y demás de la Constitución Política que consagran derechos humanos.
A la vulneración de las condiciones en que debe desarrollarse el proceso educativo no solo se suma la exposición constante a contaminantes y la alteración del entorno —que no son hechos menores—, sino situaciones que, en los hechos, desdibujan lo previsto en el artículo 4º en materia de bienestar y entorno adecuado, y que al mismo tiempo dificultan que lo establecido en el artículo 3º se materialice en condiciones dignas.
Por si fuera poco, organizaciones locales también habían advertido los impactos en el entorno y en la dinámica social y económica de la región, donde el desarrollo prometido parece haberse quedado más en el discurso que en la realidad, tensando nuevamente lo establecido en el artículo 4º y las obligaciones del artículo 1º constitucional.
Después de todo esto, y más allá de la reflexión constitucional, se sigue insistiendo en presentar a Pemex como motor de crecimiento, como si los indicadores bastaran para sostener la narrativa. En este sentido, los cuestionamientos dejan de ser técnicos y se vuelven inevitablemente humanos: ¿Pemex es realmente un área de oportunidad o, más bien, una acumulación de problemas cuyo costo, poco a poco, termina pagando la sociedad?
