• Se deben reconocer como personas defensoras de derechos humanos: diputado.
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar condiciones seguras para quienes se atreven a denunciar actos de corrupción, el diputado Fernando Rocha Amaro, propuso reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Hoy, quienes se atreven a denunciar enfrentan riesgos similares a los de un periodista o un defensor de derechos humanos: amenazas, represalias, campañas de desprestigio e incluso violencia física. No podemos exigir valentía si como Estado no les garantizamos protección”, subrayó al realizar la ampliación de motivos. A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que la propuesta plantea reconocer como persona defensora de derechos humanos a toda aquella que presente una denuncia formal por hechos de corrupción ante las instancias competentes, otorgándole así el marco de protección que la ley establece para periodistas y activistas. El legislador puntualizó que quien denuncia la corrupción está defendiendo a la sociedad entera, por lo que resulta indispensable reconocerlo como defensor de derechos humanos y ser congruentes con los estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Esta reforma fortalece nuestra democracia, protege a quienes se atreven a decir la verdad y reafirma que en Durango la dignidad humana es el centro de la vida pública. Cuando se protege a quien denuncia la corrupción, avanzamos como sociedad y construimos el futuro de todos”, resaltó Rocha Amaro. Rocha Amaro destacó que la corrupción vulnera de manera directa e indirecta los derechos humanos, al afectar la calidad de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de las comunidades. Finalmente, señaló que este fenómeno debilita las instituciones, corroe la confianza ciudadana, alimenta la impunidad y agrava la desigualdad social, además de impactar derechos colectivos como el acceso al agua, la salud, la educación y un ambiente limpio.
