• A propuesta de la JUGOCOPO que preside Ernesto Alanís
Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó una seria de reformas para fortalecer la estructura orgánica del Poder Judicial de Durango, consolidando la impartición de justicia bajo los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalismo, en beneficio de la sociedad duranguense.
Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, son resultado de la iniciativa que presentaron las y los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), presidida Ernesto Alanís Herrera, quienes destacaron la importancia de armonizar este ordenamiento con el nuevo diseño constitucional.
Con las modificaciones, se fortalece la estructura orgánica del Poder Judicial, se precisan las atribuciones de sus órganos y se mejoran los mecanismos de coordinación, control y evaluación del desempeño institucional, con el propósito de consolidar una justicia más eficiente, transparente y acorde a las exigencias sociales actuales.
Asimismo, se busca brindar certeza jurídica tanto a las personas servidoras públicas encargadas de la función jurisdiccional como a las y los justiciables, garantizando que la actuación de los órganos jurisdiccionales se rija bajo principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, en estricto apego al Estado de Derecho.
Además, se fortalece la seguridad jurídica y la independencia judicial, mediante el perfeccionamiento de los procedimientos de readscripción de las personas juzgadoras con base en criterios objetivos, así como la incorporación de mecanismos institucionales que favorezcan una adecuada coordinación entre los órganos del Poder Judicial, como lo es la creación de una instancia de articulación interna que permita optimizar la toma de decisiones y el funcionamiento del sistema judicial.
Entre los puntos relevantes, se establece que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial durarán en su encargo seis años y no podrán ser reelectos. Además, se incorpora la obligación de requerir a las personas titulares de los juzgados, en los casos donde se determine la reposición del procedimiento, para que informen sobre el cumplimiento de los actos jurisdiccionales ordenados, con el objetivo de preservar el principio de plazo razonable.
Finalmente, se determinó que las sesiones tendrán carácter de ordinarias o extraordinarias, serán públicas y, de manera excepcional, podrán realizarse en modalidad privada, fortaleciendo la transparencia y el adecuado funcionamiento del sistema judicial.
