Con el objetivo de proteger a las personas que buscan empleo y evitar que sean víctimas de engaños, la diputada Ana María Durón, propuso reformar el Código Penal del Estado, para equiparar al delito de fraude las ofertas laborales falsas o engañosas que pongan en riesgo la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas.
“No estamos persiguiendo a empleadores honestos.Estamos poniendo un alto a quienes, con dolo, utilizan el trabajo como anzuelo para dañar. Durango no puede ser tierra fértil para estas prácticas. Tenemos la obligación de proteger a quienes buscan empleo, a quienes necesitan una oportunidad, a quienes confían”, puntualizó al realizar la ampliación de motivos.
La legisladora señaló que en Durango y en todo el país, buscar trabajo se ha convertido en una actividad cotidiana que, en muchos casos, puede implicar riesgos, ya que miles de personas revisan anuncios en redes sociales, mensajes telefónicos o plataformas digitales con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral.
Sin embargo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que detrás de muchas de estas supuestas oportunidades se esconden fraudes que buscan obtener dinero, robar datos personales o incluso vaciar cuentas bancarias, afectando gravemente el patrimonio y la confianza de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.
La diputada explicó que este fenómeno ha evolucionado al mismo ritmo que la tecnología, ya que actualmente el engaño ya no ocurre únicamente de manera presencial, sino que se disfraza de anuncios atractivos o promesas urgentes que terminan atrapando a personas que buscan una oportunidad de trabajo.
Asimismo, alertó que las ofertas laborales fraudulentas también han sido utilizadas para captar personas con fines criminales, lo que ha derivado en situaciones graves que incluso han puesto en riesgo la libertad, la integridad y la vida de las víctimas.
Ante esta situación, la iniciativa propone equiparar al delito de fraude las ofertas laborales falsas o engañosas que pongan en riesgo la salud, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas, con el propósito de cerrar vacíos legales, facilitar la investigación y evitar la impunidad.
“Esta iniciativa no es sólo un ajuste al Código Penal. Es una decisión ética. Es asumir que el derecho al trabajo también implica el derecho a buscarlo sin miedo.
Hoy tenemos la oportunidad de mandar un mensaje fuerte y claro. En Durango, el trabajo no se usa para engañar”, finalizó la legisladora priista.
