El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ernesto Alanís Herrera, presentó la iniciativa para expedir el Código de Ética del Poder Legislativo, con el compromiso de fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un ejercicio público responsable, integro y transparente en beneficio de los duranguenses.
“La ética debe dejar de ser solo un discurso y convertirse en una norma obligatoria dentro del Congreso”, precisó al realizar la ampliación de motivos. Durante la sesión ordinaria, explicó que la propuesta busca establecer de manera clara los principios, valores y normas de conducta que deben regir el actuar de legisladoras, legisladores y de todo el personal que integra el Poder Legislativo, incluyendo trabajadores de base, personal de confianza, prestadores de servicio social, practicantes y colaboradores.
Agregó que el Código contempla mecanismos orientados a prevenir conductas indebidas, así como procedimientos para investigar y sancionar, en su caso, acciones que vulneren los principios éticos que deben regir el servicio público. “Hoy no se trata de señalar personas, se trata de asumir responsabilidades.
No hay combate real a la corrupción sin congruencia institucional, no hay legitimidad sin ética, y no hay excusas válidas para seguir en omisión”, resaltó.
Alanís Herrera subrayó que en un Estado constitucional de derecho no basta con cumplir la legalidad formal, sino que se requiere un comportamiento ético permanente que asegure que cada decisión, acción u omisión esté orientada al interés público.
En este sentido, recordó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció la obligación de que todos los entes públicos cuenten con un Código de Ética como herramienta preventiva fundamental en el combate a la corrupción.
Asimismo, señaló que el artículo 16 de dicha ley establece que toda persona servidora pública debe observar un Código de Ética emitido conforme a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y que son de aplicación obligatoria para los tres órdenes de gobierno.
“La ausencia de este instrumento no debe verse como un señalamiento personal, sino como un llamado a la congruencia institucional. El Poder Legislativo tiene la responsabilidad de crear normas y vigilar su cumplimiento, por eso debe ser el primero en dar el ejemplo”, expresó.
