• “Esta reforma no centraliza el agua ni quita facultades a los municipios; los fortalece”, diputado.
Con el objetivo de fortalecer la recaudación del servicio de agua potable y mejorar la capacidad de los municipios para garantizar su provisión a la población, el diputado Martín Vivanco Lira, prepuso reformar la Ley de Agua del Estado.
“Esta reforma no centraliza el agua ni quita facultades a los municipios; al contrario, los fortalece. El servicio sigue siendo municipal y los ingresos también, pero se habilita una herramienta administrativa eficaz para recaudar lo que ya se consume”, puntualizó al realizar la ampliación de motivos.
El representante de Movimiento Ciudadano, explicó que los municipios enfrentan una paradoja, ya que tienen la responsabilidad constitucional de prestar el servicio de agua potable, pero en muchos casos carecen de las capacidades administrativas, técnicas y jurídicas suficientes para realizar una recaudación eficiente por el consumo del servicio.
“Hoy vemos que se factura menos agua de la que se distribuye, los padrones no son confiables, la medición es insuficiente y la cobranza es débil. Esto genera un círculo vicioso: menos recaudación, menos inversión, peor servicio y más rezago”, expresó el legislador.
Por ello, explicó que la iniciativa plantea la faculta de la Comisión del Agua del Estado a celebrar convenios de colaboración administrativa con los municipios o sus organismos operadores, a fin de que el Estado, a través de la Comisión o de la Secretaría de Finanzas y de Administración, pueda realizar la recaudación de los derechos por el servicio de agua, siempre manteniendo el carácter municipal de los ingresos.
“Aunque el Estado participe en el proceso de cobro, los recursos recaudados seguirán perteneciendo íntegramente a los municipios”, aclaró Vivanco Lira.
De igual manera, se plantea la posibilidad de crear organismos operadores intermunicipales cuando exista coordinación entre municipios, con el propósito de fortalecer la escala administrativa y reducir costos.
En el caso que los ingresos derivados de cuotas y tarifas, sean recaudados por autoridades estatales mediante convenio, adquieran el carácter de créditos fiscales, lo que permitiría utilizar herramientas jurídicas para su ejecución y garantizar un cobro más eficiente.
