Por: Ricardo López Pescador
El pasado primero de septiembre se abrió una nueva era judicial en el país al ser sustituidos jueces, magistrados y ministros que habían llegado al cargo después de largos procesos de formación, capacitación y profesionalización. Conforme a la reforma judicial llegaron a los juzgados, magistraturas y la Corte nuevos funcionarios electos en un proceso electoral plagado de dudas y anomalías.
Morena concretó la reforma judicial en el Congreso de la Unión gracias a sus mayorías artificiales en las cámaras de diputados y senadores (con el 54% de los votos, se apoderaron del 75% de curules y escaños) para darle un regalo a su jefe político, quien cuando fue presidente descalificaba reiteradamente al poder judicial anterior debido a que mediante sentencias los jueces y ministros detenían las obras de su gobierno que no estaban licitadas conforme a las leyes ordinarias y ambientales, resolvían también sobre la inconstitucionalidad de leyes debido a violaciones evidentes al proceso legislativo, lo que molestaba al entonces titular del poder ejecutivo.
Producto mas de una venganza política más que de una necesidad, la reforma se concretó para capturar y controlar al poder judicial, para eliminar la independencia de los juzgadores, tan necesaria en todo régimen constitucional y democrático de derecho. Estamos ante un evidente retroceso al debilitarse los contrapesos en el ejercicio del poder.
De manera atropellada, sin análisis serios, sin tomar en cuenta reflexiones y advertencias de representantes de diversos sectores de la sociedad, los legisladores oficialistas (morena y los partidos del trabajo y verde) eliminaron la carrera judicial, desecharon la experiencia de cientos de mujeres y hombres formados en las instituciones educativas y judiciales del país por décadas para sustituirlos por juzgadores sin experiencia, sin conocimientos especializados en la aplicación de la ley y la interpretación de las normas.
La situación que esta viviendo el sistema judicial de México es de una gran incertidumbre jurídica e institucional porque el proceso de cambio de juzgadores y de responsables de las áreas administrativas del poder judicial esta ocurriendo de manera caótica y desorganizada. El órgano de administración judicial federal esta paralizado, sin saber como iniciar su funcionamiento.
Tanto los nuevos juzgadores, como los funcionarios de las áreas de apoyo jurisdiccional y administrativa requieren de mucho tiempo para un proceso de cambio de tal magnitud. Es justo en la aplicación de la ley y el acceso a la justicia, donde el factor tiempo es esencial, no pueden esperar los justiciables que requieren en el corto plazo de resoluciones judiciales que les den certeza en diferentes situaciones cotidianas tanto de las personas, las familias y las empresas.
Un poder judicial debilitado y arrodillado ante el poder político no fortalece al sistema republicano, no es apto para limitar los actos de autoridad, no es garantía para proteger los derechos humanos. Un poder judicial que atiende intereses ideológicos se aleja de los principios que protegen las libertades individuales. Es difícil otorgar el beneficio de la duda al nuevo poder judicial federal, son muchos los elementos que dan sustento al pesimismo y muy pocos los fundamentos para el optimismo.
Los niveles mas oscuros de la función judicial se escalan cuando se erosiona la confianza para acceder a sentencias imparciales, cuando la función judicial pierde la autoridad moral y la efectividad para resolver conflictos. Esa es la ruta más indeseable, pero por desgracia -y por lo visto hasta hoy- es el camino que eligió el régimen actual.
