Por: Ricardo López Pescador
Estrenando una modalidad desconocida, inusitada, el Gobierno de México decidió “trasladar” a Estados Unidos a 29 individuos mexicanos acusados de liderar -en su momento- varios cárteles del narcotráfico.
Dicha entrega se realizó al margen de los procesos de extradición que enfrentaban cada uno de los imputados y sin tomar en cuenta suspensiones dictadas por jueces federales para evitar precisamente ser extraditados. La extradición es un acto formal regulado por el derecho internacional y por las legislaciones de cada país, que implica decisiones de cooperación por el cual un Estado hace entrega a otro de una persona que éste reclama, por estar inculpada, procesada o sentenciada en la comisión de un delito, a fin de que sea sometida a juicio.
Entonces vale la pena preguntar ¿cuál es la base jurídica que consideró el gobierno para realizar este traslado? El Fiscal General de la República dijo el viernes que la decisión se fundamenta en el articulo 89 constitucional, es decir, donde están contenidas las facultades exclusivas del Presidente de la República, siendo una de ellas el deber de preservar la seguridad nacional. Es precisamente en esta obligación presidencial en la que el gabinete de seguridad se apoyó para considerar que la permanencia de estas personas en cárceles mexicanas representaba una amenaza a la seguridad nacional.
Analistas de ambos países sostienen que el gobierno de Trump le dio a México una lista de los reos que quería en su territorio para juzgarlos, como una condición para continuar con las negociaciones comerciales, por lo que se ordenó de manera inmediata reunir al gabinete de seguridad para colegiar la decisión del “traslado”.
La forma en la que se realizó esta operación abre suspicacias y un debate inédito en el foro jurídico nacional, debido a la sospecha de que el sustento jurídico de esta maniobra sea endeble; este tipo de operaciones realizadas por autoridades mexicanas deben poseer fundamentos jurídicos solidos cuidando que no se violen garantidas constitucionales.
El argumento utilizado es inusual para sustentar acciones procesales penales de esta magnitud, razón por la cual son varios los juristas que sostienen que los criminales ya estando presos y por tanto bajo la custodia del Estado mexicano a través de sus autoridades penitenciarias, no representaban una amenaza a la seguridad nacional.
La titular de la fiscalía de Estados Unidos anunció que varios de los trasladados pueden enfrentar la pena de muerte o la prisión vitalicia, condenas que no existen en nuestro país; por su parte el fiscal mexicano reiteró que México confía en que Estados Unidos no impondrá ese tipo de sanciones, sin embargo, será la justicia norteamericana la que resuelva la situación de cada uno en base a las graves acusaciones que se les imputan.
La decisión del gobierno mexicano sucede justo en el momento mas intenso de las negociaciones con Estados Unidos para intentar aplazar o cancelar la amenaza de imponer aranceles a todos los productos mexicanos declarada de manera unilateral por el huésped principal de la Casa Blanca.
Si el objetivo del gobierno mexicano con esta decisión es ganarse la confianza de Donald Trump, es una apuesta con riesgos, porque el Presidente del vecino país puede no darse por satisfecho con esta entrega, presagio con sustento toda vez que el mismo mandatario declaró en una entrevista con la revista “The Spectator” publicada apenas el viernes 28 de febrero que “su país ha recomendado investigar a políticos mexicanos que presuntamente se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes”. ¿Hasta que grado esta dispuesto el gobierno de nuestro país de satisfacer futuras condiciones del magnate negociador que hoy despacha como Presidente de Estados unidos? ¿incluso a investigar a personajes de la clase política dominante? Dentro de pocos días se esclarecerán esta clase de dudas.
