Corrupción con “buena fama pública”: la 4T, cinismo y desvergüenza del Siglo XXI.
Por Alejandro Flores de la Parra
Claudia Sheinbaum ha descubierto un nuevo estándar para juzgar la honestidad de los funcionarios públicos: la “buena fama pública”. En su “mañanera” del miércoles, la presidenta defendió al exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmando que es “un hombre honesto”, que lo que hay en su contra son apenas “faltas administrativas menores” y que es “un gran trabajador”. Todo esto pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado observaciones por más de 2,666 millones de pesos durante su gestión. Pero, al parecer, en la 4T los desfalcos millonarios no son delitos: son simples travesuras de gente decente.
La defensa de Sheinbaum es una pieza maestra del doble discurso. Mientras en el sexenio de López Obrador se ha hecho de la “lucha contra la corrupción” una bandera sagrada —usada como machete contra adversarios reales e imaginarios—, los casos que involucran a personajes cercanos al oficialismo son tratados con una suavidad casi maternal. Cuitláhuac García no sólo no está siendo investigado, sino que fue premiado: ahora dirige el CENAGAS, una posición estratégica en la industria energética nacional. Es decir, le encontraron un lugar desde donde pueda seguir siendo “un gran trabajador”, pero esta vez con energéticos.
El “García Luna” bueno.
El mismo día, Sheinbaum fue cuestionada sobre otro personaje incómodo: Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y hombre de confianza de Adán Augusto López. De acuerdo con investigaciones tanto en México como de la DEA en Estados Unidos, Bermúdez habría colaborado con el Cártel del Golfo y facilitado su expansión en el sureste. Pero, para Sheinbaum, eso no basta. Dijo que hay que “integrar una carpeta”, que “no hay que adelantarse”, y que de eso “se encarga el gabinete de seguridad”. Traducido del morenés: “No me voy a meter con los amigos de AMLO”.
La ironía es escandalosa. Cuando se trata de García Luna, el aparato entero del oficialismo exige que Felipe Calderón sea juzgado por asociación, por omisión, por complicidad y, si es posible, por inventar el narcotráfico. Pero si el involucrado es Hernán Bermúdez —que por cierto operaba en Tabasco, tierra natal del presidente—, entonces se vuelve urgente la prudencia jurídica y el debido proceso. En un país donde la justicia es selectiva, lo único que parece importar no es si robaste, sino a quién servías cuando lo hiciste.
“Nada que manche la Cuarta Transformación”.
Mientras tanto, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, declara con la sonrisa del que cree tener siempre la razón, que el caso de Bermúdez no afecta la imagen del partido. A su juicio, la reputación de Morena es como el teflón: nada se le pega. Pero no se trata solo de imagen: se trata de gobernabilidad, de seguridad y, sobre todo, de justicia. Que un alto funcionario de seguridad esté vinculado con el crimen organizado debería ser motivo de alarma nacional. Pero no: aquí lo que preocupa es si los comentarios dañan la marca.
La arrogancia institucional de la 4T ha alcanzado niveles que rivalizan con los peores excesos del viejo PRI. La narrativa oficialista parece decirnos: “sí hay corrupción, pero es de los nuestros y por eso no cuenta”. Basta revisar casos como SEGALMEX, donde se perdieron más de 15 mil millones de pesos sin que nadie haya pisado la cárcel, o los contratos inflados de Birmex con sobrecostos escandalosos. Nada ha cambiado, excepto la retórica.
Y cuando la ASF, órgano autónomo, cumple con su trabajo e identifica irregularidades, la respuesta no es corregir el rumbo, sino relativizar el problema. Lo que antes era saqueo, hoy es “falta administrativa menor”. Lo que antes era crimen, hoy requiere “integrar una carpeta”. Lo que antes era inaceptable, ahora es tolerable si quien lo comete “tiene buena fama pública”.
“Honestos, pero con desvíos”.
Resulta grotesco que un presidente que prometió gobernar con “los mejores” tenga como herederos políticos a personajes como Cuitláhuac García y Adán Augusto López, y que quienes rodean a estos perfiles —como Hernán Bermúdez— sean, según múltiples reportes, piezas clave del narcoestado que se decía combatir. Pero la Cuarta Transformación ha redefinido la ética pública: ya no se trata de ser honesto, sino de parecer leal. Y si hay dudas, siempre se puede desviar la atención.
Claudia Sheinbaum quiere consolidar la continuidad del proyecto obradorista sin salpicar a su mentor ni a sus aliados. Pero en el intento, cae en contradicciones que erosionan su credibilidad. Su “mañanera” fue un ejercicio de contorsionismo político en el que la corrupción se minimiza, la delincuencia organizada se vuelve rumor y los cuestionamientos se etiquetan como ataques conservadores.
La simulación como la nueva política.
La 4T ha terminado por institucionalizar lo que decía combatir: el encubrimiento, el reparto de impunidad y la manipulación del discurso público. Lo que nos deja el caso de Cuitláhuac García y Hernán Bermúdez no es solo una alerta sobre la corrupción, sino sobre el cinismo con el que se administra. La famosa lucha por la justicia ha quedado reducida a un eslogan de campaña. Mientras tanto, los “grandes trabajadores” de la 4T siguen escalando puestos, blindados por su buena fama… entre los suyos.
