POR: LILY ORTIZ
Una Reforma Electoral sin árbitros ni oposición
La reciente creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez y diseñada desde la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pone sobre la mesa una pregunta ineludible: ¿puede una reforma que busca redefinir las reglas del juego democrático nacer desde el poder sin poner en riesgo la autonomía de las instituciones?
Desde el discurso, la iniciativa parece justa, que es el hacer más eficiente el sistema electoral, reducir costos, revisar la representación plurinominal y consultar a la ciudadanía. Sin embargo, más allá de los enunciados, el fondo de esta comisión levanta serias alertas sobre su legitimidad, autonomía y verdadera finalidad.
Y es que reformar las reglas electorales no es tarea menor, implica modificar el marco legal que define la competencia política, la organización de las elecciones y el papel del árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral (INE). Habrá que recordar que históricamente, este tipo de reformas han sido producto del consenso multipartidista, no de una iniciativa presidencial cerrada; y les explicaré el porqué la mencionó así como “cerrada”.
Al ubicar a Pablo Gómez, ex titular de la UIF y figura clave del oficialismo como cabeza de la comisión, además sumar a perfiles como Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, por cierto, todos cercanos al Ejecutivo, lo que se presenta como una comisión “plural” es en realidad un cuerpo de un solo color, donde no hay contrapesos ni voces independientes. No hay representantes del INE con voto, muchos menos de la oposición, ni de la academia en calidad deliberativa. Y entonces el cuestionamiento es: ¿Qué clase de reforma puede surgir desde ese espacio?
El decreto que crea la comisión afirma que podrá invitar a actores externos como organismos autónomos, expertos, a la sociedad civil; “con voz, pero sin voto”. Y ahí está el detalle, podrán opinar, pero no decidir; el diseño que se presenta concentra el poder en el Ejecutivo, limitando la posibilidad de una deliberación real y abriendo la puerta a que la comisión se convierta en un vehículo para validar una reforma ya predeterminada.
Y es que no nos queda claro cómo es que se propone reformar las instituciones electorales en nombre de la democracia, pero se hace desde un esquema de centralismo político que excluye la pluralidad.
Uno de los puntos medulares que se dice se pondrán a consulta es el financiamiento a los partidos; la narrativa oficial es que “cuestan mucho”, y mentira no es, pero no se discute cómo garantizar condiciones equitativas sin financiamiento público, o cómo evitar el dinero opaco e ilegal. Otro tema es la eliminación o reducción de legisladores plurinominales, que aunque polémicos, han sido mecanismo de representación de minorías en un sistema dominado por mayorías aplastantes; esta figura por muchos años sirvió a partidos como Morena, PT, PVEM y al extinto PRD.
Si se elude al Congreso como espacio de debate plural, si se excluyen actores críticos, y si se limita la participación ciudadana a simples encuestas sin deliberación, entonces lo que se construye no es una reforma electoral, sino una versión personalizada de la democracia.
La verdadera legitimidad de una reforma nace de su pluralidad, su transparencia y su deliberación abierta. Una comisión presidencial, controlada por el grupo gobernante, no cumple con esos criterios, independientemente del color político que gobierne.
Y entonces: ¿Se busca una reforma que mejore la democracia o que favorezca electoralmente a quien hoy gobierna? ¿Se trata de corregir fallas del sistema o de ajustar las reglas para ganar con más comodidad en 2027 y 2030?
