¡El peso de la deuda pública en México y los apoyos sociales!
Juvenal Rosales Flores
La deuda pública en México ha crecido de manera constante en los últimos años, convirtiéndose en una sombra que acompaña cada presupuesto federal. El dilema central no está únicamente en cuánto se debe, sino en la viabilidad de seguir transfiriendo recursos en masa hacia programas sociales que, si bien brindan alivio inmediato a millones de familias, no generan riqueza productiva.
La pregunta es. ¿El país puede sostener este modelo de gasto sin comprometer su futuro económico, hipotecando inversión en infraestructura, innovación y crecimiento sostenible?
Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, marcada por la llamada Cuarta Transformación, la deuda pública ha sido uno de los temas más sensibles y, a la vez, menos discutidos con profundidad. En 2018, cuando tomó posesión, la deuda del país era de 10.5 billones de pesos; pero para 2022, la cifra había escalado hasta los 14 billones de pesos.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia en 2024, la situación no cambió de rumbo. Ese año, la deuda se ubicaba ya en 17.4 billones de pesos, y de acuerdo con las proyecciones incluidas en el Paquete Económico 2026, se prevé que para 2026 alcance los 20.2 billones de pesos. Es decir, en un sexenio marcado por la continuidad política, también la deuda mantiene una inercia creciente.
La pregunta que surge de inmediato es inevitable. ¿Qué significa para cada mexicano esta deuda acumulada? Si consideramos que en el país habitan alrededor de 130 millones de personas, el peso de la deuda se traduce en una carga individual de más de 150 mil pesos por habitante. No es una cifra simbólica; es un recordatorio de que el financiamiento del presente se cobra en el futuro.
El endeudamiento, por sí mismo, no es negativo. Puede ser un motor de inversión pública, infraestructura y desarrollo social. El problema radica en cómo se utiliza y si las generaciones futuras obtendrán beneficios proporcionales al sacrificio que se les impone. Endeudarse para crecer es una apuesta legítima; endeudarse para sostener gasto corriente y clientelar, una herencia envenenada.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha defendido el Paquete Económico 2026 como un instrumento de continuidad y estabilidad. El gasto total proyectado asciende a 10.2 billones de pesos, una cifra inédita en la historia fiscal del país. De ellos, una proporción significativa está destinada a mantener los programas sociales que forman la columna vertebral del proyecto político de Sheinbaum.
En números concretos, los programas sociales prioritarios recibirán 987 mil millones de pesos en 2026. Se trata de uno de los montos más altos jamás destinados a este rubro. La apuesta es clara: sostener el apoyo directo a millones de familias, adultos mayores, jóvenes y campesinos, bajo la premisa de que esta inversión social fortalece la cohesión y reduce desigualdades.
Sin embargo, este énfasis en el gasto social abre un debate sobre sostenibilidad fiscal. ¿Hasta qué punto es viable mantener transferencias masivas en un contexto de creciente deuda pública? Los críticos señalan que los recursos destinados a programas sociales no generan riqueza productiva inmediata y que, sin inversión robusta en infraestructura, ciencia y desarrollo tecnológico, la economía no tendrá la fuerza suficiente para sostenerlos a largo plazo.
Los defensores del modelo, por el contrario, argumentan que los programas sociales son una inversión en capital humano y estabilidad social. Un país con menor pobreza, mayor inclusión y menos desigualdad, dicen, está mejor posicionado para crecer en el futuro. En este sentido, la deuda sería un costo aceptable por construir bases más sólidas para las próximas generaciones.
El debate no es nuevo, pero cobra especial relevancia cuando las cifras alcanzan proporciones históricas. La diferencia radica en que hoy los mexicanos están más conscientes de las implicaciones de la política fiscal, y el costo de cada peso prestado no puede disfrazarse en discursos triunfalistas.
Para Durango y estados con economías frágiles, la deuda nacional también tiene implicaciones directas. La capacidad del gobierno federal de transferir recursos, sostener participaciones y financiar proyectos depende en gran medida de la salud fiscal del país. Una federación endeudada puede terminar trasladando sus problemas a los gobiernos locales, que a su vez carecen de márgenes de maniobra.
