Graduados, pero sin título; la deuda pendiente con los jóvenes.
Por: Juvenal Rosales Flores
En Durango, miles de jóvenes terminan sus estudios universitarios con la ilusión de incorporarse al mercado laboral, mejorar sus ingresos y comenzar una nueva etapa de vida. Sin embargo, para muchos, el último paso de su formación profesional se convierte en un obstáculo: reunir el dinero necesario para obtener su título.
Parece contradictorio que, después de años de esfuerzo, exámenes, prácticas y sacrificios familiares, el documento que acredita sus estudios pueda convertirse en una barrera para ejercer su profesión.
El tema vuelve a colocarse sobre la mesa luego de que la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) anunciara, durante octubre, un programa de apoyo con un descuento del 50 por ciento para facilitar la titulación de sus egresados. La medida busca atender un rezago estimado de entre cinco mil y seis mil personas que concluyeron sus estudios, pero todavía no han obtenido su título.
La cifra obliga a mirar más allá de una campaña temporal y preguntarse qué está pasando con quienes ya cumplieron con su formación académica. El descuento representa una medida positiva porque reconoce que el factor económico puede retrasar un trámite fundamental para los egresados. No obstante, también abre una interrogante: ¿qué sucederá cuando termine octubre con quienes todavía no puedan cubrir el monto restante?
El problema no es nuevo. El 15 de octubre de 2024, la diputada local del PRI, Rocío Rebollo Mendoza, presentó una iniciativa para establecer un tabulador general que regulara los cobros relacionados con la titulación. Para ello, planteó reformas a la Ley de Educación del Estado y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones, con el propósito de avanzar hacia costos más claros y accesibles para los estudiantes y egresados.
En aquel momento, la información difundida sobre la iniciativa señalaba diferencias considerables entre instituciones, con costos que iban de mil 200 a 25 mil pesos. Aunque cada universidad tiene procedimientos, servicios y condiciones administrativas particulares, una diferencia de esa magnitud merece una revisión seria. La pregunta no es si todas las instituciones deben cobrar exactamente lo mismo, sino si existen criterios transparentes y razonables para determinar cuánto debe pagar una persona por titularse.
En abril de 2025 también se dio a conocer otra propuesta legislativa, presentada por la diputada Nadia Milán, para exentar del pago de titulación y del registro estatal a determinados egresados de instituciones públicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o provengan de comunidades rurales e indígenas. Aunque su alcance es distinto al de un tabulador general, ambas iniciativas coinciden en una preocupación: evitar que la falta de recursos económicos impida a los jóvenes aprovechar plenamente su formación profesional.
Para una familia que destinó buena parte de sus ingresos a pagar transporte, alimentación, materiales, prácticas y otros gastos escolares, cubrir un costo adicional al finalizar la carrera puede representar un esfuerzo considerable. Y si el egresado ya necesita trabajar para contribuir al gasto de su hogar, el trámite puede postergarse durante meses o incluso años.
Las consecuencias no se limitan a tener un documento pendiente. Dependiendo de la profesión y de los requisitos de cada empleador, la falta de título puede dificultar la contratación, limitar las oportunidades de crecimiento o impedir el cumplimiento de los requisitos para ejercer determinadas actividades. Por eso, facilitar la titulación también significa ampliar las posibilidades de empleo formal, mejorar las perspectivas de ingresos y aprovechar el talento que Durango ya formó en sus aulas.
Por supuesto, tampoco se trata de desconocer los costos que enfrentan las universidades. Los procesos administrativos, la revisión de expedientes, la expedición de documentos y otros servicios requieren recursos. Una política de titulación accesible debe construirse con responsabilidad financiera, transparencia y diálogo con las instituciones educativas. El reto consiste en encontrar un equilibrio entre los costos operativos de las universidades y las posibilidades económicas de los egresados.
La discusión también debe considerar las diferencias entre quienes pueden cubrir el trámite sin dificultades y quienes necesitan apoyo. Un esquema de cuotas proporcionales, becas de titulación, descuentos permanentes o exenciones justificadas podría ayudar a atender distintas realidades. La clave estaría en definir reglas claras, criterios verificables y mecanismos para que los beneficios lleguen a los egresados que realmente los necesitan.
También hay una responsabilidad compartida con el sector productivo. Las empresas necesitan personal preparado, pero los jóvenes requieren oportunidades para demostrar lo que saben hacer. Cuando una persona concluye una carrera y no logra completar su titulación por razones económicas, se genera una desconexión entre la inversión educativa de la familia y las oportunidades laborales que deberían derivarse de ella. Reducir esa distancia beneficia tanto al profesionista como a la economía local.
Al final, la pregunta es sencilla; si un joven ya cumplió con las materias, los exámenes y los requisitos académicos para terminar una carrera, ¿por qué el costo de obtener el documento que acredita ese esfuerzo debe convertirse en un obstáculo prolongado?
