POR: LILY ORTIZ
El desafío de competir con nuevas reglas y viejas fracturas en el 2027
El escenario político rumbo a 2027 comienza a tomar forma bajo un nuevo contexto: el del “Plan B” electoral ya aprobado. Aunque desde el oficialismo Morena, PVEM y PT se insistió en que los cambios no afectarían el equilibrio de las contiendas, la realidad empieza a mostrar matices distintos. No todos quedaron conformes, y algunos, más que convencidos, acompañaron la reforma por disciplina política.
En el plano nacional, varias entidades renovarán gubernatura, lo que convertirá la elección en un termómetro clave del rumbo político del país; pero más allá de los nombres, lo relevante será cómo se jugará bajo estas nuevas reglas: con ajustes en la operación electoral, menor margen institucional y un mayor peso en la estructura territorial de los partidos.
Y es precisamente ahí donde comienzan a notarse las primeras fisuras.
Las declaraciones de Karen Castrejón encendieron señales, al plantear que en estados como San Luis Potosí el Partido Verde podría ir solo respaldado en su propia competitividad y en perfiles cercanos al poder local, no solo abre la puerta a una estrategia distinta, sino que manda un mensaje directo a sus aliados: la coalición no es incondicional.
El caso potosino es particularmente ilustrativo; si el PVEM considera viable competir sin Morena y sin el PT, bajo la lógica de que su marca y estructura son suficientes, entonces el bloque oficialista podría comenzar a fragmentarse en escenarios donde cada partido mida su propia fuerza. Más aún cuando se habla de impulsar perfiles con vínculos directos al gobierno estatal, como la esposa del actual Gobernador, Ricardo Gallardo, Ruth González; lo que inevitablemente reabre el debate sobre el uso del poder político en la sucesión.
Esto contrasta con el discurso previo, donde se aseguraba que la reforma electoral no alteraría las dinámicas futuras. Hoy, los hechos sugieren lo contrario: el “Plan B” no solo cambia reglas, también modifica incentivos.
En ese contexto, el Partido del Trabajo (PT) podría ser uno de los actores que redefina su posición. Si bien ha acompañado a Morena y al Verde en procesos recientes, también ha mostrado momentos de distancia. No sería descartable ver escenarios de “pausa” o competencia separada en algunos estados, más como estrategia de supervivencia que como ruptura definitiva.
A nivel local, el caso de Durango presenta su propia lógica. En 2027 no habrá elección a la gubernatura, pero sí a diputaciones federales y locales, lo que convierte el proceso en una batalla clave por el control legislativo. Aquí, Morena, PVEM y PT han competido juntos, aunque con una percepción recurrente: el PT aparece más en las siglas que en la operación política real.
Bajo este nuevo escenario, no sería extraño que ese equilibrio cambie. El PT podría buscar mayor protagonismo o, en su defecto, replantear su nivel de involucramiento. Y si el Verde comienza a medir fuerzas en otras entidades, Durango no estaría exento de ajustes en las alianzas.
¿A quién favorece esto? Dependerá de la capacidad de cada partido para adaptarse.
Mientras tanto, la oposición no está estática. El PRI mantiene su apuesta en el trabajo territorial, a través de seccionales, sectores y organizaciones que siguen operando en campo. El PAN, por su parte, ha optado por reactivar su base: acercamiento con militantes, convocatoria abierta y un proceso de credencialización que busca fortalecer identidad y estructura.
Ambos parecen entender que, con reglas más flexibles y menor peso institucional, la clave estará en la movilización directa.
Así, rumbo a 2027, el tablero no solo se redefine por la ley, sino por las decisiones políticas que vendrán. Alianzas que podrían tensarse, partidos que medirán su fuerza en solitario y una oposición que intenta reorganizarse.
