POR: LILY ORTIZ
Reforma electoral: los pros y contras del nuevo modelo
La madrugada del 27 de mayo dejó algo más que cansancio legislativo en el Congreso de Durango; dejó un nuevo mapa político-electoral para los próximos años, con la aprobación unánime de las reformas a la Ley Electoral y a la Ley Orgánica del Municipio Libre no solo armoniza la legislación estatal con los cambios constitucionales federales, también redefine las reglas de competencia política rumbo al 2029 y más allá.
Entre los puntos más relevantes aparece la eliminación de la reelección consecutiva para diputaciones locales y ayuntamientos, una medida que será aplicable a partir del proceso electoral 2029-2030; con ello se restaura, en los hechos, el viejo principio político mexicano de “sufragio efectivo, no reelección”, retomando una lógica histórica.
Quienes respaldan esta reforma argumentan que la no reelección evita la concentración de poder, limita la formación de cacicazgos locales y obliga a una mayor renovación de cuadros políticos; y es que en municipios pequeños, donde las estructuras de poder suelen heredarse o enquistarse, la medida puede representar un freno a los grupos que convierten los cargos públicos en espacios permanentes de control político y administrativo.
Sin embargo, también recordemos que la reelección consecutiva, aprobada en México hace apenas algunos años, nació bajo la premisa de fortalecer la rendición de cuentas: que el ciudadano pudiera premiar o castigar con el voto el desempeño de sus representantes. Eliminarla podría generar nuevamente ciclos cortos de gobierno donde muchos funcionarios privilegien la inmediatez política antes que proyectos de largo plazo.
Otro de los cambios que genera debate es la llamada cláusula “antinepotismo”, que impedirá contender a personas con vínculos familiares o de pareja recientes respecto de quien haya ocupado previamente el mismo cargo en un ayuntamiento. El objetivo parece claro, que es el evitar las herencias políticas disfrazadas de continuidad administrativa.
La intención es positiva en el discurso, sobre todo en un país donde los apellidos suelen pesar más que las trayectorias; ahora el reto será demostrar que la medida realmente combate el control familiar del poder y no se convierte únicamente en una simulación jurídica fácil de sortear mediante operadores políticos o candidaturas indirectas.
En contraste, una de las reformas con mayor aceptación social podría ser la reducción de 21 a 18 años para aspirar a cargos políticos. Abrir la puerta a candidaturas jóvenes representa un reconocimiento a una generación que participa políticamente desde redes sociales, movimientos estudiantiles y causas ciudadanas, pero que hasta ahora encontraba límites legales para competir.
La pregunta de fondo será si los partidos políticos realmente impulsarán perfiles juveniles preparados o si solamente utilizarán estas candidaturas como cuotas decorativas. La edad por sí sola no garantiza renovación política, pero sí elimina una barrera que ya parecía desfasada frente a la realidad democrática actual.
Las reformas también reducen tiempos de campaña, ajustan el número de regidurías en Durango capital y endurecen requisitos de elegibilidad para personas con antecedentes de violencia, corrupción o incumplimiento alimentario. En términos generales, el paquete busca transmitir una narrativa de mayor ética pública y austeridad institucional.
Pero más allá del contenido técnico, hay un elemento político imposible de ignorar, estas reformas llegan en un momento donde la clase política mexicana debate hasta dónde debe llegar el control del poder y hasta dónde la apertura democrática. La eliminación de la reelección y las restricciones familiares pueden leerse como medidas populares y políticamente rentables, aunque también reflejan una tendencia nacional hacia la recentralización del poder partidista.
Durango, así, entra a una nueva etapa electoral; ahora el reto no será únicamente cambiar las reglas, sino demostrar que esas nuevas reglas efectivamente mejoran la representación política, fortalecen la democracia y no terminan siendo solo ajustes legales con discurso ciudadano y resultados limitados.
