La peligrosa tentación de fabricar mártires.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política mexicana hay una regla no escrita que suele cumplirse con disciplina casi religiosa: cuando el poder decide golpear a alguien públicamente, casi siempre termina regalándole reflectores, simpatías y, en ocasiones, futuro político. La historia reciente está llena de ejemplos. Y por eso, la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República este miércoles 27 de mayo, no debe analizarse únicamente desde el terreno judicial, sino desde el tablero político rumbo a 2030.
Porque más allá del expediente, de los testimonios y de las investigaciones sobre el narcolaboratorio hallado el pasado 18 de abril en Chihuahua —donde murieron dos agentes vinculados a la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez, en un accidente vehicular—, el verdadero fondo está en la narrativa que comienza a construirse.
Y en política, las narrativas suelen importar más que las carpetas de investigación.
Campos llegó a declarar con el discurso perfectamente armado. Habló de persecución, fabricación de delitos, uso faccioso del Estado y favoritismos hacia personajes cercanos al obradorismo. La frase estaba diseñada para generar impacto mediático inmediato: “Me citan tramposamente a declarar, mientras que a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico los invitan a entrevistas amigables”.
Traducido al idioma político-electoral: “a mí me persiguen; a los cercanos al régimen los protegen”.
Y aunque el discurso tiene evidentes tintes de victimización estratégica, tampoco puede ignorarse que encuentra terreno fértil en un país donde la justicia suele tener calendario electoral, brújula partidista y una alarmante capacidad para distinguir entre adversarios incómodos y aliados útiles.
El problema para Morena es que, en su afán por golpear, podría estar fabricando accidentalmente una figura nacional. Ya ocurrió parcialmente con Xóchitl Gálvez. Durante meses, el oficialismo la convirtió en tema diario de conversación. La atacaron desde Palacio, desde el Congreso y desde la maquinaria digital. El resultado fue paradójico: una senadora con presencia limitada terminó convertida en candidata presidencial competitiva y símbolo opositor.
Hoy, algo similar podría comenzar a ocurrir con Maru Campos.
Hasta hace apenas unos meses, la mandataria chihuahuense no figuraba seriamente en ninguna conversación presidencial sólida rumbo a 2030. Su administración enfrenta desgaste natural, cuestionamientos locales y una imagen que dista mucho de encontrarse en su mejor momento. Sin embargo, la política mexicana tiene una extraña fascinación por convertir expedientes judiciales en plataformas electorales.
Nada fortalece tanto a un político opositor como sentirse perseguido por el poder federal.
Claro está, tampoco conviene romantizar el caso. Porque una cosa es denunciar un posible uso político de las instituciones y otra muy distinta asumir automáticamente inocencia absoluta bajo el cómodo disfraz de “perseguida política”. En México, la victimización se ha vuelto deporte nacional de todos los partidos. Aquí cualquiera que pisa un Ministerio Público sale convertido, por arte de narrativa, en “preso del sistema”, aunque antes haya utilizado exactamente las mismas herramientas contra sus adversarios.
Y ahí aparece el otro ingrediente de fondo: el viejo conflicto Campos-Corral.
Desde aquel episodio de agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en el restaurante Gin Gin, el choque político escaló a niveles personales y nacionales. La intervención de Ulises Lara, entonces fiscal capitalino, frenando la operación; la acusación posterior de “secuestro”; el no ejercicio de la acción penal; y ahora la impugnación promovida por el senador morenista, forman parte de un mismo rompecabezas político donde justicia y revancha parecen jugar en la misma cancha.
El riesgo para la oposición es caer en la tentación de inflar artificialmente a Maru Campos hasta convertirla en una especie de Juana de Arco del panismo moderno. Sería un error estratégico repetir exactamente el fenómeno Xóchitl: construir candidaturas basadas exclusivamente en confrontación mediática y victimización coyuntural.
Las burbujas políticas suelen crecer rápido… y explotar igual de rápido.
Sin embargo, también sería ingenuo minimizar el momento. La oposición sí tiene una oportunidad importante: utilizar este caso como punto de encuentro para construir un frente común frente al enorme aparato político-electoral del obradorismo, sostenido todavía por la fuerza presupuestal de los programas sociales y por una narrativa de división entre “pueblo bueno” y “derecha corrupta” que, aunque comienza a desgastarse, sigue teniendo eficacia electoral.
Pero Morena enfrenta un problema cada vez más difícil de esconder: sus propios demonios.
Las contradicciones entre el discurso moral y los constantes señalamientos de corrupción, opacidad y presuntos vínculos criminales dentro de distintos gobiernos locales comienzan a erosionar la autoridad ética que durante años funcionó como principal activo político del movimiento. El relato anticorrupción pierde potencia cuando demasiados expedientes incómodos terminan convertidos en silencios administrativos o entrevistas amistosas.
Y quizá ahí está el verdadero riesgo para el oficialismo: no en Maru Campos, sino en la percepción creciente de que la justicia mexicana sigue teniendo colores partidistas.
Porque cuando el ciudadano deja de creer en la imparcialidad de las instituciones, cualquier político investigado puede convertirse fácilmente en mártir. Y los mártires, en tiempos electorales, suelen cotizar mucho más caro que los gobernantes eficientes.
