La guerra de los discursos y el negocio de las sospechas.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de esos momentos en los que las palabras comienzan a pesar casi tanto como las armas, las extradiciones o los operativos binacionales. Y en tiempos de Donald Trump, las palabras rara vez son casuales.
La declaración del director de la DEA, Terrance Cole, asegurando que existe una conexión “peligrosa e inseparable” entre los cárteles mexicanos y el Gobierno de México no representa únicamente una acusación de enorme gravedad; es también un mensaje político cuidadosamente colocado en el tablero de la seguridad regional y de la política interna estadounidense.
La frase es contundente, quizá demasiado para los estándares diplomáticos: si los cárteles y el Gobierno son “inseparables”, entonces la lucha contra el narcotráfico deja de ser un problema criminal para convertirse en un conflicto entre Estados. Y cuando Washington redefine un problema, normalmente también redefine las herramientas para enfrentarlo.
México respondió como era previsible: rechazó las acusaciones, defendió su estrategia de seguridad y presentó cifras que, al menos en el papel, muestran una ofensiva considerable contra el crimen organizado: casi 60 mil detenidos, más de 31 mil armas aseguradas, cientos de toneladas de droga decomisadas y miles de laboratorios clandestinos desmantelados.
El problema es que, en política internacional, las estadísticas suelen competir contra algo mucho más poderoso: las narrativas.
Y la narrativa estadounidense actual es clara. Para la administración Trump, el fentanilo no es solamente una crisis de salud pública; es también una herramienta política, un argumento electoral y un asunto de seguridad nacional. En ese contexto, señalar responsabilidades fuera de las fronteras estadounidenses resulta considerablemente más rentable que abrir el incómodo debate sobre la demanda interna de drogas, la crisis de opioides o el flujo de armas que viajan del norte hacia el sur.
La tensión se agrava con el caso Sinaloa, las solicitudes de extradición contra funcionarios y las sospechas sobre posibles operaciones encubiertas de agencias estadounidenses en territorio mexicano. En el fondo, ambos gobiernos parecen estar jugando partidas distintas en el mismo tablero: Washington busca resultados visibles y mensajes de fuerza; Palacio Nacional busca preservar la soberanía y evitar que la cooperación se convierta en subordinación.
El riesgo es evidente. Cuando la seguridad se transforma en un instrumento de disputa política, la confianza bilateral comienza a erosionarse y las teorías de intervención dejan de parecer escenarios de ficción para convertirse en temas de discusión pública.
Paradójicamente, mientras ambos gobiernos intercambian reproches, los cárteles probablemente observan la escena con cierta satisfacción. Después de todo, pocas cosas benefician más al crimen organizado que dos gobiernos ocupados peleando entre sí sobre quién tiene la culpa de que el enemigo siga ahí.
La historia demuestra que México y Estados Unidos pueden coordinarse o confrontarse, pero difícilmente pueden ignorarse. La pregunta ya no es si existe una crisis en la relación bilateral, sino quién terminará obteniendo mayor rentabilidad política de ella.
Porque en esta nueva guerra contra el narcotráfico, además del fentanilo, las extradiciones y los discursos sobre soberanía, también circula otra sustancia altamente adictiva: la utilidad electoral del enemigo externo.
