Congreso de acuerdos: entre la narrativa política y los resultados medibles.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En tiempos donde la polarización se ha convertido en moneda corriente en la política mexicana, la idea de un “Congreso de acuerdos” suena, al menos en el discurso, como una aspiración deseable. Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado de Durango, su presidente, Ernesto Alanís Herrera, ha colocado ese concepto en el centro del debate legislativo local: diálogo, construcción colectiva y resultados tangibles.
Pero más allá de la retórica, la pregunta obligada es si este enfoque se traduce en hechos verificables o si se queda en la narrativa política que suele acompañar a los liderazgos parlamentarios.
Alanís Herrera plantea una premisa que, en esencia, es difícil de cuestionar: un Congreso que no se paraliza por las diferencias, sino que avanza gracias a ellas. En un país donde los congresos —federales y locales— suelen empantanarse en disputas partidistas, la apuesta por el consenso implica, en teoría, un cambio de lógica. No se trata de eliminar el conflicto, sino de administrarlo.
Los datos que acompañan esta visión son relevantes. Durante el Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Septuagésima Legislatura reporta la aprobación de 203 reformas y nuevas leyes, además de un alto nivel de productividad en comisiones —41 en total, 35 de ellas dictaminadoras— y acuerdos alcanzados, en su mayoría, por unanimidad. En términos cuantitativos, el Congreso de Durango muestra un ritmo legislativo por encima del promedio de muchos congresos estatales, donde la parálisis o la baja productividad no son excepción.
Sin embargo, en el análisis político, la cantidad no siempre es sinónimo de calidad. El verdadero indicador de un Congreso eficaz no radica únicamente en el número de reformas aprobadas, sino en el impacto real de estas en la vida cotidiana de la ciudadanía. Es ahí donde el discurso de “legislar pensando en las personas” enfrenta su principal prueba: traducir la eficiencia legislativa en bienestar tangible.
En ese sentido, el énfasis de Alanís en colocar al ciudadano y a las familias en el centro de las decisiones apunta a una narrativa alineada con las demandas actuales: cercanía, soluciones concretas y resultados inmediatos. La política contemporánea —marcada por la inmediatez de la opinión pública y la presión de las redes sociales— castiga con rapidez la inacción, pero también la simulación.
Un elemento que distingue la conducción de Alanís Herrera es su estilo conciliador. Fiel a una trayectoria política basada en la construcción de consensos, ha privilegiado el acuerdo entre fuerzas políticas por encima de la confrontación estéril. En un entorno legislativo plural, esta habilidad no es menor: lograr coincidencias sin diluir las diferencias ideológicas requiere operación política, negociación constante y, sobre todo, disposición a ceder.
Este enfoque se refleja en la construcción de la Agenda Legislativa Institucional, presentada como un documento incluyente, dinámico y producto del diálogo entre todas las fuerzas representadas en el Congreso. En términos políticos, este tipo de instrumentos cumplen una doble función: por un lado, ordenan el trabajo parlamentario; por otro, envían una señal de estabilidad y gobernabilidad.
No obstante, también cabe una lectura más crítica. La unanimidad, aunque deseable en ciertos contextos, puede levantar cuestionamientos sobre la profundidad del debate legislativo. Un Congreso excesivamente alineado corre el riesgo de reducir el contraste de ideas, elemento fundamental en cualquier democracia representativa. El equilibrio, entonces, no está en evitar el conflicto, sino en asegurar que este exista y se procese de manera productiva.
La planeación legislativa, otro de los puntos subrayados por Alanís, introduce una lógica de eficiencia institucional que no siempre ha caracterizado a los congresos locales. Establecer prioridades, rutas claras y tiempos definidos no solo mejora la productividad, sino que también fortalece la rendición de cuentas. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, estos mecanismos pueden contribuir a recuperar credibilidad.
En términos generales, el balance del Congreso de Durango bajo la conducción de la JUGOCOPO parece inclinarse hacia la estabilidad y la productividad. La combinación de diálogo político, acuerdos amplios y resultados legislativos configura una narrativa sólida que, al menos en el corto plazo, posiciona a este órgano como un espacio funcional dentro del entramado institucional.
Sin embargo, el reto de fondo permanece intacto: que este modelo de “Congreso de acuerdos” no se limite a la eficiencia interna, sino que tenga un impacto directo, medible y perceptible en la vida de las y los duranguenses. Porque, al final del día, la política —por más sofisticada que sea en sus formas— se legitima en los resultados.
Y es ahí donde cualquier proyecto legislativo, por exitoso que parezca en cifras y discursos, encuentra su verdadera prueba.
