Presupuesto Participativo en Durango: de política pública local a modelo replicable.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En un contexto nacional donde la confianza ciudadana en las instituciones suele fluctuar entre el escepticismo y la exigencia, los gobiernos locales enfrentan un reto doble: administrar con eficiencia y, al mismo tiempo, construir legitimidad. En ese terreno, el municipio de Durango capital ha logrado posicionar una política pública que comienza a trascender sus propias fronteras: el Presupuesto Participativo.
Impulsado durante la administración del alcalde Toño Ochoa, este mecanismo ha evolucionado de ser un ejercicio consultivo a convertirse en un modelo de cogobernanzacon resultados medibles. La premisa es sencilla pero poderosa: que la ciudadanía no solo opine, sino que decida directamente el destino de una parte del gasto público. En términos políticos, esto implica un cambio de fondo en la relación gobierno-sociedad, trasladando una porción del poder de decisión hacia las colonias, barrios y comunidades rurales.
Los datos permiten dimensionar el alcance del programa. En su arranque en 2023, el Presupuesto Participativo destinó 50 millones de pesos para 37 obras. La respuesta ciudadana no solo validó el esquema, sino que lo impulsó a crecer: en la siguiente etapa, entre 2023 y 2024, la bolsa aumentó a 70 millones de pesos con 40 proyectos; posteriormente, se mantuvo ese monto con 37 obras adicionales. Hoy, en su fase más reciente (2024–2026), el programa alcanza una cifra histórica de 100 millones de pesos para 47 obras, con la participación de más de 58 mil duranguenses.
Más allá de las cifras, lo relevante es el tipo de obras que se priorizan: infraestructura educativa, pavimentación, espacios públicos y servicios básicos. Es decir, proyectos que responden a necesidades inmediatas y tangibles, lo que explica en buena medida el nivel de participación alcanzado. Cuando la ciudadanía percibe que su voto se traduce en resultados concretos, la política deja de ser abstracta y se vuelve cotidiana.
Este éxito ha tenido una consecuencia política natural: su replicabilidad. Municipios como Gómez Palacio han comenzado a adoptar un esquema similar, tomando como referencia la experiencia de la capital. La lógica es clara: frente a modelos tradicionales donde las decisiones se concentran en el aparato gubernamental, el Presupuesto Participativo ofrece una ruta para distribuir responsabilidades, reducir tensiones sociales y, en el mejor de los casos, fortalecer el tejido comunitario.
A nivel legislativo, el impulso también ha encontrado eco. La diputada Sughey Torres ha promovido la iniciativa para elevar este mecanismo a rango de ley en todos los municipios del estado. Al concretarse, no solo se institucionaliza el modelo, sino que se garantiza su permanencia más allá de coyunturas políticas o administraciones específicas. En términos de política pública, este paso es clave: convertir una buena práctica en una obligación normativa.
Sin embargo, como todo modelo en expansión, el Presupuesto Participativo enfrenta desafíos. El primero es evitar su burocratización. A medida que crece, el riesgo es que pierda agilidad o se convierta en un proceso excesivamente técnico, alejándose de la ciudadanía. El segundo es garantizar equidad territorial: que los recursos no se concentren en zonas con mayor capacidad de organización, dejando rezagadas a comunidades con menor participación. Y el tercero, quizá el más complejo, es blindarlo de usos políticos o clientelares, especialmente en contextos electorales.
Aun con estos retos, el balance en la capital es muy positivo. Lo que comenzó como una apuesta local ha derivado en un referente que otros municipios observan y comienzan a replicar. En un país donde las políticas públicas exitosas suelen diluirse con los cambios de gobierno, el caso de Durango ofrece una lección distinta: cuando un programa genera resultados visibles, participación real y beneficios tangibles, su continuidad deja de depender de discursos y se sostiene en la propia ciudadanía.
El mensaje de fondo es claro. El Presupuesto Participativo no es solo una herramienta administrativa; es una estrategia política que redefine prioridades. Al permitir que la gente decida, se acorta la distancia entre gobernantes y gobernados, y se construye una narrativa de corresponsabilidad. En palabras simples, pero con implicaciones profundas: cuando el ciudadano se convierte en protagonista del gasto público, la política deja de ser promesa y empieza a ser resultado, y en la administración de Toño Ochoa lo entendieron muy bien, por lo que otros alcaldes ya no pueden dejar pasar la oportunidad de replicarlo.
