Por: Eduardo Rodriguez
Narcomorena al desnudo.
El oficialismo ha entrado en una zona de turbulencia pues la orden de extradición solicitada por una corte de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y otros funcionarios, representa un golpe directo al proyecto político de la autollamada Cuarta Transformación.
Mas allá de la dimensión judicial, el caso abre una grieta política que difícilmente podrá crearse con discursos, defensa a ultranza y cortinas de humo.
El hecho de que una corte estadounidense participe directamente en este tipo de acusaciones coloca a Mexico en una posición incómoda en el ámbito internacional, sobre todo porque exhibe una realidad que durante años se ha intentado minimizar: la presunta infiltración del crimen organizado en las estructuras de gobierno.
La narrativa de que los cárteles no solo operan, sino que influyen o incluso “gobiernan” deja de ser un señalamiento externo para convertirse en un problema interno con consecuencias políticas inmediatas.
¿No era Morena quien decía que acabaría con el poder del narcotráfico en nuestro país? Hoy pareciera que se confirma la teoría de que han sido sus principales aliados para hacerse de espacios de poder en todo el territorio nacional.
La reacción del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no ha contribuido a disipar las dudas. La defensa inicial a Rocha Moya fue interpretada en amplios sectores como precipitada y políticamente riesgosa. En lugar de marcar distancia prudente, el respaldo pareció reforzar la percepción de un cierre de filas que resultó ser contraproducente.
La solicitud de licencia de Rocha Moya confirma la gravedad del escenario. Buscan contener el daño político inmediato, tratan de ganar tiempo y enfriar la presión mediática.
Pero el margen de maniobra es limitado. Cuando las acusaciones provienen del sistema judicial de Estados Unidos, el costo de ignorarlas o minimizarlas puede escalar rápidamente. Más aún en un contexto donde Donald Trump ha insistido en señalar que el narcotráfico ejerce una influencia determinante en la política mexicana, al grado de asegurar, que son ellos quienes gobiernan en este país.
Y el impacto no se limita a un solo estado. El caso de Sinaloa abre la puerta a una revisión más amplia sobre posibles vínculos entre funcionarios y estructuras criminales. Comienzan a aparecer nombres como Marina del Pilar de Baja California y Américo Villarreal de Tamaulipas, ambos si, adivino bien, emanados de Morena.
Para este partido, el costo es particularmente alto. La narrativa de combate a la corrupción y regeneración de la vida pública fue uno de sus principales activos electorales y, casos como este, erosionan esa bandera y abren un flanco difícil de defender en la antesala de los procesos electorales del 2027 y 2030.
La construcción de una narrativa que vincule al oficialismo con practicas que históricamente ha condenado como narcopolítica hoy le juegan en contra, pues son protagonistas de gobiernos guindas los que se relacionan directamente en los señalamientos internacionales.
El riesgo de optar por “cortinas de humo” o desviar la atención hacia otros temas es evidente. En un escenario de alta exposición mediática y con el incremento de la presión internacional, este tipo de movimientos pueden ser autodestructivos. La crisis no desaparecerá por decreto ni por narrativa; requerirá decisiones de fondo.
¿Estarán dispuestos a tomarlas o seguirán siendo comparsas del cáncer que tanto daño le ha hecho a nuestro país? Este golpe no solo sacude a figuras, sino que pone en entredicho la narrativa completa de un proyecto político que se vendió como diferente y cada día que pasa demuestra que resultó ser peor.
