Frijol con gorgojo político: cuando el precio de garantía no garantiza nada.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
“No le demos vuelta”, dicen los productores. Y tienen razón: cuando una frase así se repite en voz baja, con anonimato obligado y miedo explícito, suele ser porque la realidad ya superó cualquier intento de simulación institucional. Lo que denuncian agricultores de Zacatecas sobre el programa de acopio de frijol no es menor: corrupción, intermediación disfrazada de política pública y, en el peor de los casos, la irrupción del crimen organizado como árbitro del mercado agrícola. Una mezcla explosiva que revela algo más profundo que una falla operativa: un modelo capturado.
El programa, en papel, luce impecable. Precio de garantía de 27 mil pesos por tonelada, reglas de operación definidas, centros de acopio distribuidos estratégicamente y una inversión pública superior a los 2 mil 500 millones de pesos. El objetivo: proteger al pequeño productor y eliminar —o al menos reducir— el histórico “coyotaje”. En los discursos, el Estado recupera su papel rector. En el terreno, parece haberlo subcontratado.
Las cifras cuentan una historia incómoda. Zacatecas produjo cerca de 491 mil toneladas de frijol en el último ciclo agrícola, consolidándose como líder nacional con más de la mitad de la producción del país. Sin embargo, el programa federal apenas alcanzó a acopiar el 19.6% de ese volumen. Traducido: cuatro de cada cinco toneladas quedaron fuera del esquema de precio de garantía. ¿El resultado? El mercado real terminó imponiéndose: productores vendiendo entre 8 mil y 10 mil pesos por tonelada, es decir, hasta un 70% por debajo del precio prometido por el gobierno.
Aquí es donde el discurso choca con la realidad. Si el programa estaba diseñado para proteger al pequeño productor, ¿por qué la gran mayoría quedó fuera? La respuesta no parece estar en la meteorología ni en la logística, sino en algo más estructural: la captura del programa por redes de intermediación política y, según los testimonios, criminal.
Los productores describen un fenómeno conocido, pero con nuevos actores. El “coyote” tradicional —ese intermediario privado que compraba barato— no desapareció; evolucionó. Ahora tiene vínculos con funcionarios, alcaldes, legisladores y operadores políticos. El acceso a los centros de acopio dejó de ser un derecho basado en reglas claras y se convirtió en un privilegio administrado discrecionalmente. No es un mercado, es una aduana.
El modus operandi que relatan es tan sofisticado como preocupante: compra de folios a productores que no sembraron, manipulación de padrones, control físico de los centros de acopio y, en algunos casos, presencia de hombres armados que “regulan” quién entra y quién no. La política pública, en vez de eliminar intermediarios, habría creado un ecosistema más rentable para ellos.
Hay un dato particularmente revelador: en municipios donde sólo entre 30% y 40% de los ejidatarios sembraron, los centros de acopio reportaron aceptación de folios que coinciden sospechosamente con el padrón completo. Es decir, el papel sí sembró, aunque la tierra no. Y cuando el papel produce más que el campo, lo que crece no es el frijol, es la corrupción.
El componente criminal añade una capa adicional de gravedad. La extorsión —cobrar por permitir el acceso al programa— no sólo distorsiona el mercado, sino que convierte al Estado en rehén de actores que operan con reglas propias. La frase “plata o plomo” no es retórica: es un recordatorio de que, en algunas regiones, la política pública compite con estructuras paralelas de poder.
Frente a esto, surge una pregunta inevitable: ¿falló el diseño del programa o falló su ejecución? Probablemente ambos. Las reglas de operación, aunque aparentemente claras, contienen elementos que abren la puerta a la discrecionalidad: padrones múltiples, cambios en los límites de toneladas por productor y requisitos que pueden ser manipulados por quienes controlan el acceso. Pero más allá del diseño, el problema central parece ser la ausencia de controles efectivos y la captura local del programa.
También hay una dimensión política que no puede ignorarse. Los testimonios apuntan a la participación de actores de distintos niveles de gobierno y de distintos colores partidistas —aunque con una tendencia clara hacia quienes hoy detentan el poder. Si esto es cierto, el problema no es ideológico, es sistémico: los programas sociales y productivos siguen siendo vulnerables a convertirse en herramientas de control político y económico.
Y aquí aparece la ironía central: un programa creado para eliminar el coyotaje podría haberlo institucionalizado. No desaparecieron los intermediarios; cambiaron de camiseta. Y en algunos casos, de calibre.
Para la administración federal, el riesgo no es sólo operativo, sino narrativo. La legitimidad de los programas de bienestar descansa en la idea de que el Estado puede llegar directamente a los beneficiarios, sin intermediarios. Si esa premisa se rompe, no sólo se pierde eficiencia: se erosiona la confianza.
Claves para entender el caso:
• Cobertura limitada: sólo 19.6% de la producción entró al esquema de precio de garantía.
• Distorsión de mercado: el 80% restante vendió hasta 70% más barato.
• Captura política: operadores y funcionarios controlando el acceso a centros de acopio.
• Intervención criminal: extorsión y control territorial en algunas zonas.
• Falla estructural: diseño vulnerable + ejecución sin controles efectivos.
¿Qué sigue?
Si el objetivo es rescatar el programa —y no sólo administrarlo políticamente— hay tres rutas inevitables: auditorías independientes y públicas sobre padrones y acopio; digitalización y trazabilidad completa del proceso (del productor al pago); y, sobre todo, presencia real del Estado en territorio, no sólo en el boletín.
Porque cuando el campo dice “no le demos vuelta”, lo que está pidiendo no es retórica: es que alguien, por fin, deje de dársela.
