Morena y el descubrimiento tardío de la ética.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
En política, pocas cosas son tan reveladoras como los momentos en que un partido decide corregirse a sí mismo… justo cuando ya no le queda de otra. Morena vive hoy uno de esos episodios: legisladores del oficialismo proponen, con tono casi pedagógico, establecer filtros para evitar que perfiles vinculados con la delincuencia organizada lleguen a cargos de elección popular. La idea, en abstracto, suena impecable. El contexto, sin embargo, es lo que la vuelve inevitablemente irónica.
De cara al Congreso Nacional que perfila a Ariadna Montiel como nueva dirigente, el debate sobre la “higiene política” ni siquiera está en la agenda formal. Y aun así, emerge con fuerza. ¿Por qué ahora? La respuesta no está en los estatutos, sino en los expedientes incómodos.
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dejado de ser un asunto local para convertirse en una presión internacional. A ello se suma un elemento aún más delicado: según información difundida por El Universal, los abogados del senador Enrique Inzunza —exsecretario general de gobierno bajo Rocha— habrían iniciado gestiones ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para explorar la figura de testigo cooperante. En términos prácticos, esto implica que un actor político relevante podría estar dispuesto a intercambiar información por beneficios legales, incluso bajo esquemas como el programa de protección de testigos (WITSEC). Dicho de otra forma: la política mexicana comienza a dialogar, no siempre voluntariamente, con el sistema judicial estadounidense.
En ese contexto, las declaraciones de la senadora Guadalupe Chavira resultan casi una confesión institucional: Morena creció tanto y tan rápido que relajó sus propios controles. La admisión de que en 2024 se privilegiaron candidaturas “prácticas” sobre perfiles rigurosamente evaluados es, en sí misma, un diagnóstico severo. Traducido al lenguaje político: se priorizó ganar… sobre cuidar a quién se postulaba.
La propuesta de establecer cartas de no antecedentes penales, revisiones patrimoniales periódicas e incluso plataformas mínimas de ética suena más a manual básico de administración pública que a innovación partidista. Pero ahí radica el problema: Morena no está proponiendo sofisticar sus filtros, sino construirlos desde cero. Y eso, para un partido en el poder, no es precisamente una buena noticia.
No todos dentro del movimiento comparten la urgencia. El senador Manuel Huerta sostiene que el mejor filtro “es el pueblo y las encuestas”, una postura que refleja la esencia discursiva de Morena: la legitimidad popular como garantía de integridad. El inconveniente es evidente: las encuestas miden popularidad, no antecedentes judiciales. El electorado puede premiar la cercanía o el carisma, pero difícilmente tiene acceso a información profunda sobre vínculos criminales. Pretender que el voto sustituya a la investigación es, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, funcional.
Otros legisladores, como Saúl Monreal u Olga Sánchez Cordero, apuestan por mecanismos más formales: revisiones exhaustivas, evaluación de perfiles, eliminación del compadrazgo. Incluso se habla de exámenes psicológicos. La intención es correcta, pero el consenso no existe. Y sin consenso, cualquier reforma interna corre el riesgo de quedarse en declaración de buenas intenciones.
Mientras tanto, la realidad política avanza más rápido que los debates internos. En Sinaloa, la senadora Imelda Castro ya comenzó a marcar distancia de Rocha Moya, borrando rastros digitales de su cercanía. Un movimiento que, más que estrategia, parece instinto de supervivencia política. En Morena, como en cualquier estructura de poder, la lealtad suele durar lo mismo que la viabilidad electoral.
El fenómeno de fondo es más amplio. Morena enfrenta las consecuencias de su propia lógica de expansión: sumar perfiles de otros partidos, abrir candidaturas externas y priorizar competitividad territorial. El diputado Alejandro Carbajal lo define con una palabra incómoda pero precisa: “arribismo”. Cuando un partido crece aceleradamente, también diluye sus filtros. Y cuando eso ocurre, los riesgos dejan de ser hipotéticos.
Desde una perspectiva institucional, el momento es crítico. México enfrenta, según datos del INEGI y reportes internacionales como los del Índice Global de Impunidad, serios desafíos en materia de infiltración del crimen organizado en estructuras locales de gobierno. En ese contexto, los partidos políticos no son sólo actores electorales, sino también la primera línea de defensa —o de vulnerabilidad— del Estado.
El dilema para Morena es claro: o fortalece sus mecanismos internos con criterios verificables y autónomos, o seguirá reaccionando a crisis mediáticas y judiciales. Porque el verdadero problema no es que hoy se discutan filtros, sino que se discutan después de los escándalos.
Al final, la pregunta no es si Morena debe cerrar la puerta a perfiles cuestionables. La pregunta es por qué esa puerta estuvo abierta tanto tiempo. Y, sobre todo, quiénes lograron entrar mientras nadie estaba revisando la lista.
Resumen práctico del caso:
• Morena reconoce implícitamente fallas en su proceso de selección de candidatos.
• Existen propuestas de filtros: antecedentes penales, revisiones patrimoniales, evaluaciones de perfil.
• No hay consenso interno: desde controles formales hasta confianza en “el pueblo”.
• El caso Rocha–Inzunza eleva la presión, incluso con implicaciones internacionales.
• El reto real no es reformar estatutos, sino construir credibilidad en la selección de candidatos.
Porque en política, como en la vida, los filtros no sirven de mucho… si se colocan después de que ya pasó todo.
