POR: LILY ORTIZ
Reversa educativa: la SEP corrigió tarde y bajo presión
Hay decisiones políticas que nacen mal, crecen peor y terminan convertidas en un ejercicio de control de daños; el intento de la Secretaría de Educación Pública por adelantar el cierre del ciclo escolar terminó exactamente así: en una reversa pública que dejó más preguntas que certezas.
La SEP quiso vender la idea como una medida “administrativa”, “climática” y hasta “logística” por el Mundial de Futbol, pero el problema no fue únicamente la intención de modificar el calendario; el verdadero conflicto vino cuando desde el escritorio federal se intentó minimizar lo que ocurre dentro de las escuelas durante las últimas semanas de clases.
Mario Delgado abrió un debate innecesario cuando declaró que, después de junio, existe una “inercia” en los planteles y que las escuelas terminan funcionando como una “estancia forzada”. La frase cayó como balde de agua fría para miles de docentes, madres y padres de familia que, con razón, entendieron el mensaje como una descalificación al propio sistema educativo que la SEP encabeza.
Y es que si hablamos de que las escuelas se convierten en guarderías, entonces alguien tendría que explicar quién diseñó ese modelo; y si julio termina siendo un mes improductivo, también habría que preguntar por qué durante años la autoridad educativa permitió y hasta validó ese calendario.
El problema de las declaraciones de Delgado no fue únicamente el tono, fue la desconexión política. En un país donde millones de familias dependen de la escuela no solo para la formación académica de sus hijos, sino también para mantener una rutina laboral y social, reducir el debate a “ya no se hace nada” sonó simplista, centralista y hasta soberbio.
La reacción no tardó; padres de familia, organismos ciudadanos y sectores educativos comenzaron a cuestionar la propuesta. Entonces vino la reunión maratónica de más de seis horas entre los 32 secretarios estatales y la SEP, y ahí quedó claro que no había consenso, al menos no como lo quisieron disfrazar.
Durango fue uno de los estados que estuvo dentro de la discusión de fondo. Guillermo Adame Calderón reconoció que hubo posiciones encontradas: algunos defendían adelantar vacaciones por las altas temperaturas y otros insistían en mantener los 185 días efectivos de clases. El dato político relevante no fue el debate técnico, sino admitir que el rechazo social terminó influyendo en la decisión final.
Traducido al lenguaje político: la SEP midió mal el terreno y tuvo que recular.
Y no hay nada de malo en corregir una decisión; de hecho, a veces es necesario. El problema es cuando el gobierno primero desacredita una parte del sistema educativo y después intenta presentar la reversa como si siempre hubiera sido un ejercicio de “análisis territorial”.
La realidad es más simple: hubo molestia social, presión política y una narrativa mal manejada.
Ahora bien, tampoco conviene caer en el extremo contrario; julio sí suele convertirse en un mes cargado de trámites administrativos, entrega de calificaciones y actividades menos intensas; negarlo también sería poco realista. Pero entre reconocer áreas de mejora y declarar que las escuelas operan como guarderías existe una enorme diferencia política y simbólica.
La educación pública mexicana ya enfrenta demasiados desafíos como para que desde la propia SEP se le reste valor a semanas completas del calendario escolar.
Al final, el gobierno federal terminó sosteniendo el calendario original, es decir lo alumnos permanecerán en clases hasta el 15 de julio, salvo excepciones justificadas por clima o logística regional. Al final, después de semanas de polémica, el desenlace fue prácticamente regresar al punto de partida.
