Morena quiere la Cámara de Diputados…no la justicia.
Por: Juvenal Rosales Flores
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mover la elección del Poder Judicial al 2028, y no al 2027, no es un simple ajuste de calendario. Es una decisión política con lógica electoral y operativa, ya que Morena tiene enfocada toda su batería en la elección de los diputados federales del 2027, y meter un proceso adicional, podría enturbiar su estrategia y dispersar su operación territorial.
Y es que el fondo de la jugada podría ser mucho más político que administrativa. La presidenta de México quiere la Cámara de Diputados a modo para gobernar con tranquilidad sus últimos tres años. La elección del Poder Judicial, aunque se venda como prioridad histórica, no parece ser el objetivo central, lo que realmente importa es asegurar el control legislativo y evitar que un proceso paralelo complique el escenario electoral.
La mandataria tiene claro que el 2027 será un año cargado de elecciones intermedias, renovación de los representantes populares, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y mil 718 ayuntamientos; escenario que por sí solo ya representa un reto logístico enorme, pero meter una vez más la elección de jueces y magistrados sería empujar al sistema electoral a un colapso anunciado y, de paso, abrir una ventana peligrosa a la desorganización electoral.
Durango ya vivió ese laboratorio. En el 2025 enfrentó un proceso sin precedentes, en una misma jornada se eligieron los 39 ayuntamientos del estado y, de forma paralela, se votó por el Poder Judicial. La intención era ambiciosa, pero la realidad fue contundente, la participación en la elección judicial apenas alcanzó el 11.5% de la lista nominal local.
La escena fue clara en muchas casillas de Durango, la gente entraba a votar por su alcalde, hacía fila con paciencia, preguntaba por candidatos, y luego, al terminar, se retiraba. Cuando se les pedía pasar a la urna judicial, muchos simplemente decían “no”, otros preguntaban “¿y eso qué es?”, y algunos más se iban sin mirar atrás. El desinterés fue visible y, para muchos operadores electorales, frustrante.
El problema no es que Durango sea indiferente a la justicia, sino que el diseño electoral fue incapaz de traducir ese tema en una decisión ciudadana entendible. La elección judicial se volvió una boleta pesada, técnica y sin emoción. Y sin emoción, en política, no hay participación.
Por eso la propuesta de la presidenta debe leerse con malicia política. No es un capricho ni un movimiento inocente, es reconocer que, si el país insiste en celebrar elecciones judiciales en medio del huracán electoral del 2027, la participación será mínima y el proceso quedará marcado como un fracaso nacional, mientras Morena se juega el control legislativo.
Además, el costo operativo sería brutal. Si se realiza en 2027, se requerirían casillas distintas para que el ciudadano vote por gobernadores, alcaldes y diputados en una, y por el Poder Judicial en otra. En papel suena sencillo, pero en campo significa más funcionarios, más boletas, más confusión y más oportunidad de errores… y eso es precisamente lo que cualquier fuerza política con cálculo electoral busca evitar.
Durango vuelve a ser referencia obligada. Ya pasó que al dividir elecciones la gente simplemente no participa en ambas. El ciudadano promedio no quiere duplicar filas ni duplicar tiempos, mucho menos en un contexto donde la desconfianza en las instituciones sigue siendo alta y donde el discurso judicial aún no se conecta con el interés cotidiano.
En el fondo, la elección judicial sigue siendo una apuesta riesgosa. Se pretendió democratizar el Poder Judicial, pero la realidad es que la democracia también exige información, formación y claridad. Si el ciudadano no sabe qué hace un magistrado o cómo evaluar un perfil judicial, entonces el voto se convierte en un acto ciego y la democracia termina pareciéndose más a una simulación que a un avance.
Durango ya dio el aviso. Ya mostró que la participación en la elección judicial no se gana con propaganda ni con discursos grandilocuentes, sino con condiciones adecuadas, pedagogía pública y tiempos políticos razonables. Si el país no toma nota, repetirá el error a escala nacional, pero multiplicado por millones.
Mover la elección al 2028 no resolverá por sí sola el problema de fondo, pero sí evitará que se mezcle con la batalla real del 2027, donde estarán en juego gubernaturas, alcaldías y el Congreso federal. Es decir, Morena se concentra en lo que verdaderamente le interesa, mantener el control del poder legislativo para gobernar sin contrapesos.
