POR: LILY ORTIZ
Elección judicial 2028; el ajuste que evidencia fallas.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar al 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial representa mucho más que un ajuste administrativo; en realidad, deja ver que la reforma judicial original fue aprobada sin medir completamente sus efectos políticos, técnicos y operativos.
El argumento central del cambio parece lógico, al decir que es para evitar que en 2027 los ciudadanos tengan que votar en distintas casillas para elegir cargos locales y, por separado, jueces y magistrados. Con ello, el Gobierno busca reducir confusión, facilitar la participación y evitar un proceso electoral saturado.
Pero si la memoria no nos falla; eso fue exactamente lo que sucedió el año pasado en Durango, se juntaron elecciones con las de alcalde y sinceramente existió mucha confusión porque como y por quien votar.
Sin embargo, el fondo del problema sigue siendo otro; desde el inicio, especialistas advirtieron que elegir jueces mediante voto popular implicaría enormes retos, porque no se trata de perfiles políticos tradicionales, sino de cargos altamente técnicos. La complejidad de las boletas y la cantidad de aspirantes hacían prácticamente imposible que la ciudadanía pudiera emitir un voto plenamente informado.
Por eso ahora se proponen medidas correctivas como simplificar boletas, reducir candidaturas y crear una Comisión Coordinadora que homologue criterios de selección. Y es que aunque estas modificaciones buscan ordenar el proceso, también evidencian que la reforma original tuvo fallas importantes de planeación desde sus inicios y mucho más en su aplicación.
El riesgo principal es que el Poder Judicial termine atrapado en dinámicas políticas y electorales. Un juez no debería actuar pensando en popularidad, campañas o intereses partidistas, sino únicamente en la aplicación de la ley. Si el modelo no se construye con filtros técnicos sólidos y mecanismos de vigilancia efectivos, podría abrirse la puerta a presiones políticas, intereses económicos e incluso riesgos de infiltración del crimen organizado en ciertos estados.
La discusión, entonces, ya no es solamente sobre cambiar la fecha de la elección, eso pasa a ser lo de menos; el verdadero debate es cómo garantizar la independencia judicial y evitar que una reforma diseñada para democratizar la justicia termine debilitando al propio sistema judicial.
Porque corregir la operación del modelo no necesariamente significa resolver el problema de fondo; si se sigue priorizando la popularidad por encima del conocimiento, la preparación y experiencia; definitivamente estamos condenados a repetir en decidir por jueces y magistrados al azar, más por un populismo que por una verdadera impartición de justicia.
