POR: LILY ORTIZ
“El otro blindaje que necesitan nuestros hijos”
Hay iniciativas que quizá no deberían medirse solamente por el contenido de sus artículos, sino por el problema que ponen sobre la mesa; justo la propuesta presentada en el Congreso del Estado por Alejandro Mojica para fortalecer la protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas pertenece a esa categoría.
La iniciativa plantea que las escuelas cuenten con protocolos definidos, mecanismos de supervisión y personal capacitado para el manejo de fotografías, expedientes, información académica, datos de salud y demás información de los estudiantes. Una propuesta que, en principio, parece lógica; pero en el verdadero debate está mucho más allá de una reforma a la Ley de Educación.
Está en preguntarnos qué tan preparados estamos como sociedad para proteger a nuestros hijos en un mundo donde prácticamente todo deja una huella digital.
Durante años, la preocupación de los padres estuvo concentrada en saber quién convivía con sus hijos dentro de la escuela, quién los recogía, quién tenía contacto con ellos o qué ocurría en el trayecto de casa al plantel, pero hoy el escenario es mucho más complejo.
Una fotografía puede terminar en una plataforma, un expediente puede almacenarse digitalmente, una información médica puede formar parte de un sistema, incluso una cuenta escolar puede contener datos que acompañarán al estudiante durante años.
Y cuando esa información sale del ámbito estrictamente familiar, ya no depende solamente de la confianza entre padres y escuela. Ahí es donde la iniciativa adquiere relevancia.
No porque la tecnología sea el enemigo, sino todo lo contrario, la digitalización de la educación ha generado herramientas que hace algunos años parecían imposibles: acceso inmediato a información, plataformas educativas, comunicación entre docentes y familias, materiales digitales y nuevas formas de aprendizaje.
El problema no es que nuestros hijos utilicen tecnología, el problema sería permitir que la utilicen sin reglas, sin acompañamiento y sin saber qué ocurre con la información que generan. Y en ese punto hay una responsabilidad que debe ser compartida.
Los padres tenemos una parte fundamental, no podemos exigir seguridad digital mientras nosotros mismos publicamos fotografías, nombres, escuelas, rutinas y ubicaciones de nuestros hijos sin dimensionar las consecuencias. Pero tampoco sería justo trasladar toda la responsabilidad a las familias.
Las escuelas deben tener protocolos claros y personal capacitado, los docentes y directivos necesitan saber qué pueden compartir, qué deben resguardar y cómo actuar ante una vulneración, por tanto las autoridades deben supervisar que las obligaciones no se queden únicamente en el papel.
La propuesta de Mojica apunta precisamente hacia esa corresponsabilidad, al plantear que las instituciones educativas, públicas y particulares incorporadas al sistema estatal, tengan mecanismos para proteger la información que reciben.
Sin embargo, también habrá que cuidar que una reforma de esta naturaleza no termine convirtiéndose únicamente en una lista de obligaciones administrativas. La protección de datos no se consigue solamente aprobando una ley; se consigue haciendo que esa ley funcione.
De nada serviría establecer protocolos si nadie los conoce, si no existe capacitación permanente, si no hay supervisión o si no están claras las consecuencias cuando se incumplen. Y hay otro desafío todavía mayor: la escuela es solamente una parte del universo digital de nuestros niños y jóvenes.
Pueden estar protegidos dentro de un plantel y, al salir, encontrarse con redes sociales, videojuegos, plataformas, aplicaciones y espacios digitales donde la exposición de información personal es mucho más difícil de controlar.
Por eso, esta iniciativa debería abrir una conversación más amplia, no se trata de prohibir. Tampoco de satanizar las redes sociales o la tecnología. Mucho menos de intentar mantener a nuestros hijos al margen de un mundo que inevitablemente forma parte de su presente y de su futuro.
Se trata de regular, educar y acompañar.
Los niños necesitan aprender que su información personal tiene valor, por tanto los padres necesitamos aprender a protegerla. Las escuelas necesitan saber cómo resguardarla; y las autoridades deben garantizar que existan reglas efectivas para hacerlo.
La iniciativa presentada en el Congreso puede ser un paso en esa dirección, pero el reto verdadero será convertir la intención en una política de protección integral.
La tecnología llegó para quedarse, la discusión, entonces, no debería ser si permitimos que nuestros hijos entren al mundo digital, sino qué mundo digital estamos construyendo para ellos y qué tan preparados estamos para protegerlos dentro de él.
