Competencia… entre primos.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Durante años escuchamos que la corrupción se combatía abriendo las puertas de los cuarteles. Que la disciplina militar sería el mejor antídoto contra las viejas prácticas de la burocracia civil. Que donde llegara el uniforme desaparecerían los moches, los favoritismos y las empresas fantasma. La realidad, sin embargo, tiene la incómoda costumbre de pedir evidencias.
La investigación publicada por El Universal sobre las contrataciones de Grupo Mundo Maya —el brazo empresarial administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional— no demuestra, por sí sola, la comisión de delitos. Pero sí exhibe algo igual de preocupante: un sistema de contratación pública que parece haber olvidado para qué existe la competencia.
Tres empresas, tres razones sociales distintas, tres logotipos diferentes… y una misma familia detrás de ellas. Los hermanos Espinoza Ramírez participaron en el mismo concurso para obtener un contrato de diez millones de pesos en el Aeropuerto Internacional de Puebla. En el papel eran competidores; en los hechos, parecían disputar una carrera donde todos pertenecían al mismo equipo.
La pregunta inevitable no es únicamente si la ley fue violada. La pregunta es mucho más sencilla: ¿qué sentido tiene invitar a “cuando menos tres” participantes si terminan siendo prácticamente los mismos?
El problema no termina ahí. La investigación documenta empresas recién creadas que reciben contratos públicos, compañías vinculadas entre sí concursando en los mismos procedimientos, una empresa inhabilitada que obtuvo el contrato más grande del año y un modelo donde dos de cada tres contratos fueron asignados mediante adjudicación directa o excepciones a la licitación pública.
Paradójicamente, Grupo Mundo Maya administra activos multimillonarios: aeropuertos, hoteles, parques, museos y estaciones de combustible. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró que durante buena parte de su crecimiento operó sin órgano interno de control, sin comité de auditoría, sin programa formal de riesgos y con procesos financieros que, literalmente, se manejaban en hojas de Excel. Difícil hablar de vigilancia cuando el vigilante apenas estaba aprendiendo dónde guardar las llaves.
Y aquí aparece el verdadero debate político.
La militarización de funciones civiles fue presentada como una garantía de eficiencia y honestidad. Hoy la discusión ya no gira sobre la honorabilidad de las Fuerzas Armadas, sino sobre un principio elemental de cualquier democracia moderna: ningún poder debería administrar miles de millones de pesos sin contrapesos suficientemente robustos.
Las instituciones no funcionan porque quienes las dirigen sean buenos o malos. Funcionan cuando existen reglas que impiden que cualquiera abuse del poder. Esa ha sido la gran lección de los sistemas democráticos exitosos durante décadas.
Resulta irónico que un gobierno que prometió desterrar el viejo capitalismo de cuates enfrente ahora cuestionamientos por procedimientos donde los competidores parecen conocerse demasiado bien. Cambian los nombres de las empresas, cambian las oficinas, cambian los domicilios fiscales… pero las sospechas conservan una inquietante familiaridad.
Nadie debería ser condenado antes de que las autoridades investiguen y, en su caso, determinen responsabilidades. Pero tampoco puede normalizarse que contratos por más de dos mil millones de pesos se asignen bajo esquemas donde la competencia parece una formalidad y la transparencia una invitada ocasional.
Porque cuando los concursos públicos parecen reuniones familiares, la confianza ciudadana termina pagando la cuenta. Y esa, como suele ocurrir en México, siempre resulta mucho más cara que cualquier contrato.
