¿Quién protege nuestro derecho a saber?
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay una frase que en política suele despertar más sospechas que tranquilidad: “es por tu bien”.
Esta semana, el Gobierno Federal presentó los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Conviene decirlo desde el principio: no son una ley nueva ni han entrado en vigor. Permanecerán en consulta pública hasta el 21 de agosto y todavía pueden modificarse. Esa precisión importa porque el debate debe darse con información, no con consignas.
En el papel, los llamados derechos de las audiencias son difíciles de cuestionar. ¿Quién podría oponerse a que la información sea claramente distinguible de la opinión, a que exista pluralidad de ideas, protección para menores, accesibilidad para personas con discapacidad o mecanismos para presentar quejas? Son derechos previstos desde la reforma constitucional de 2013 y desarrollados por la legislación vigente.
El problema no está en el qué, sino en el quién… y en el cómo.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones plantea un esquema donde podrá revisar decisiones de los defensores de las audiencias, emitir resoluciones vinculantes e incluso imponer multas que podrían alcanzar hasta el 1% de los ingresos de los concesionarios. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que las sanciones siguen en discusión y serían el último recurso, organizaciones como Artículo 19 y la CIRT han advertido que algunos conceptos del proyecto —como “información objetiva”, “veraz” o “descontextualizada”— son lo suficientemente amplios para abrir espacios de discrecionalidad.
Y cuando un gobierno concentra facultades para decidir qué información cumple o no con esos estándares, las alarmas democráticas no son exageración; son prudencia.
Pero quizá la mayor ironía sea otra.
Resulta llamativo que un gobierno hoy tan preocupado por proteger el derecho de las audiencias a recibir información “veraz” haya sido, al mismo tiempo, uno de los más cuestionados por restringir el acceso a información pública sobre asuntos de enorme interés nacional.
Ahí están las reservas y restricciones de información relacionadas con el Tren Maya, el AIFA, la Refinería Olmeca, el Corredor Interoceánico, contratos de vacunas contra COVID-19, adquisiciones de insumos médicos durante la pandemia o diversos expedientes vinculados al caso Segalmex. En muchos de estos casos, organizaciones civiles, periodistas y órganos de transparencia han señalado que el acceso a la información ha sido limitado mediante distintas figuras jurídicas o decisiones administrativas.
Paradójicamente, mientras el ciudadano batalla para conocer cómo se gastan cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos, ahora se le promete una protección especial para saber si un conductor mezcló opinión con información.
Es como colocar detectores de humo mientras la puerta principal permanece cerrada con llave.
Más difícil todavía resulta pedir un voto de confianza cuando la historia reciente obliga a mirar con cautela las promesas oficiales. Morena aseguró que no desaparecería los organismos constitucionales autónomos; hoy varios de ellos ya fueron extinguidos o absorbidos. También sostuvo que no buscaba concentrar poder en otras instituciones del Estado, aunque diversas voces académicas, organismos internacionales y sectores de la oposición consideran que las reformas impulsadas en los últimos años han incrementado significativamente la influencia del Ejecutivo sobre espacios que antes gozaban de mayor autonomía.
Por eso el debate ya no gira únicamente alrededor de estos lineamientos.
El verdadero tema es la confianza.
Porque la libertad de expresión rara vez desaparece de un día para otro. Normalmente comienza con reglas que parecen razonables, conceptos deliberadamente ambiguos y autoridades que aseguran actuar únicamente en beneficio del ciudadano.
El fondo del debate, entonces, no es si las audiencias merecen protección. Claro que la merecen. La pregunta es si el gobierno merece convertirse en el árbitro de esa protección.
Porque la libertad de expresión no suele desaparecer mediante un decreto espectacular. Se erosiona lentamente. Primero aparecen conceptos ambiguos; después llegan las facultades discrecionales; más tarde, las sanciones “excepcionales”. Todo, por supuesto, con la promesa de que será para proteger a la sociedad.
La experiencia obliga a desconfiar. No porque esta propuesta sea, por sí misma, un mecanismo de censura, sino porque proviene de un gobierno que ha pedido repetidamente un acto de fe… y que demasiadas veces ha terminado haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió.
Dijeron que no desaparecerían organismos autónomos. Desaparecieron. Dijeron que no buscaban controlar al Poder Judicial. Hoy existe una profunda discusión nacional e internacional sobre el alcance de las reformas que modificaron su integración. Dijeron que respetarían plenamente los contrapesos institucionales, mientras sus críticos sostienen que esos equilibrios se han ido debilitando reforma tras reforma.
Por eso resulta difícil aceptar, sin reservas, que ahora el mismo poder que reserva expedientes, clasifica información de interés público y responde con opacidad a preguntas incómodas quiera convencernos de que su nueva prioridad es proteger nuestro derecho a recibir información “veraz”.
La ironía es difícil de ignorar: el gobierno que más información ha decidido guardar bajo llave pretende convertirse en el guardián de la información que los ciudadanos pueden consumir.
Quizá la mejor manera de proteger a las audiencias no sea vigilar más a quienes hacen preguntas, sino obligar a responder más a quienes gobiernan.
Porque en una democracia madura, el verdadero problema nunca ha sido que los ciudadanos escuchen demasiadas voces críticas.
El verdadero problema comienza cuando el poder empieza a creer que también debe decidir cuáles de esas voces merecen ser escuchadas.
