Por: Felipe Correa
La carne de cañón del narco: la juventud atrapada en la maquinaria del crimen organizado.
En el debate sobre la seguridad pública en México existe una pregunta que suele quedar detrás de los decomisos, las detenciones y los enfrentamientos: ¿de dónde salen los jóvenes que las organizaciones criminales incorporan a sus filas y qué está haciendo el Estado para impedir que sigan reclutándolos?
El crimen organizado no solo necesita armas, dinero y territorios; requiere personas que vigilen, transporten drogas, obedezcan órdenes y participen en actividades que ponen en riesgo su vida. En esa estructura, niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden convertirse en una fuerza de trabajo desechable: algunos son amenazados o engañados; otros son captados mediante promesas de dinero, reconocimiento y pertenencia.
El reclutamiento criminal no ocurre en el vacío. La violencia familiar, el abandono escolar, la precariedad económica y la falta de oportunidades pueden aumentar la vulnerabilidad de las juventudes, aunque no explican por sí solos el fenómeno. También intervienen la intimidación, la manipulación y la capacidad de los grupos criminales para aprovechar las relaciones personales y los espacios cotidianos de convivencia.
La dimensión del problema es difícil de establecer con precisión. En diciembre de 2024, El Universal publicó estimaciones de la organización Reinserta que ubicaban entre 30 mil y 40 mil a los menores reclutados anualmente por grupos criminales, y entre 140 mil y 240 mil a quienes estarían en riesgo de ser captados. Se trata de estimaciones de una organización civil, no de un registro oficial exhaustivo. Por eso, más que presentar esas cifras como un conteo definitivo, deben entenderse como una advertencia sobre la magnitud potencial de una crisis que necesita mejores mecanismos de medición.
La violencia también deja huellas en las estadísticas de mortalidad. El INEGI identificó los homicidios como la principal causa de muerte entre los hombres de 15 a 44 años en México durante 2024. Aunque este dato no permite atribuir todas esas muertes al crimen organizado, sí evidencia el costo humano de la violencia en edades fundamentales para el desarrollo del país.
Del videojuego al reclutamiento criminal
Una de las transformaciones más preocupantes es el uso de entornos digitales para acercarse a menores de edad. Los videojuegos en línea, las conversaciones privadas y las comunidades virtuales pueden convertirse en espacios de contacto entre jóvenes y adultos que ocultan sus verdaderas intenciones.
El caso de Free Fire ha sido señalado públicamente por autoridades mexicanas. En octubre de 2021, la entonces Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre el reclutamiento de menores mediante videojuegos y redes sociales. La dependencia informó que tres adolescentes de Oaxaca habían sido secuestrados después de establecer contacto con adultos mediante Facebook y el videojuego. Los menores recibieron ofrecimientos de trabajo como vigilantes en Monterrey, con promesas de un sueldo y mejores ingresos. https://www.gob.mx/sspc/prensa/presenta-sspc-decalogo-de-ciberseguridad-para-proteccion-de-menores?state=published
En febrero de 2025, la Fiscalía de Oaxaca volvió a advertir sobre casos de menores captados mediante Free Fire, según reportes periodísticos que recogieron declaraciones del fiscal estatal. Estos antecedentes muestran que el riesgo no debe descartarse como una posibilidad remota.
La captación puede comenzar con una conversación aparentemente inocente durante una partida. Alguien ofrece regalos virtuales, dinero, amistad o la posibilidad de integrarse a un grupo. Después puede trasladar la comunicación a servicios de mensajería o redes sociales, solicitar información personal y proponer encuentros u ofertas laborales. Cuando el menor confía en el contacto, la promesa puede convertirse en engaño, explotación, amenazas o privación de la libertad.
En plataformas como Roblox, donde existen experiencias interactivas y herramientas de comunicación entre usuarios, también hay riesgos de contacto con desconocidos y manipulación de menores. Sin embargo, es importante distinguir entre el riesgo general de captación digital y los casos documentados de reclutamiento criminal: no debe afirmarse que Roblox sea, por sí mismo, una plataforma utilizada sistemáticamente por los cárteles sin evidencia específica que lo demuestre.
El problema no es satanizar los videojuegos ni criminalizar a quienes los utilizan. Es reconocer que los espacios digitales pueden ser aprovechados por delincuentes para ganarse la confianza de niñas, niños y adolescentes, identificar sus vulnerabilidades y trasladar la interacción a escenarios donde resulta más difícil detectar el peligro.
Una responsabilidad que no admite indiferencia
La respuesta del Estado no puede limitarse a detener a quienes aparecen en el último eslabón de la cadena criminal. Es indispensable investigar las redes que captan, engañan, amenazan y utilizan a menores, así como garantizar protección y atención integral a las víctimas.
Esto exige fortalecer la prevención en escuelas y comunidades, establecer protocolos de actuación ante desapariciones y posibles ofertas laborales fraudulentas, mejorar la coordinación entre fiscalías y autoridades de protección infantil y promover mecanismos de denuncia accesibles. También requiere que las plataformas digitales mantengan medidas eficaces de seguridad, moderación y protección de usuarios menores de edad.
En el ámbito familiar, resulta fundamental conversar con los menores sobre sus contactos en línea, configurar controles parentales adecuados a su edad y enseñarles a identificar señales de alerta: solicitudes de datos personales, promesas de dinero fácil, invitaciones secretas, propuestas para viajar sin informar a sus familiares o presiones para abandonar su hogar. Estas medidas no sustituyen la responsabilidad de las autoridades ni garantizan por sí solas la prevención, pero pueden contribuir a detectar riesgos a tiempo.
La política de seguridad también debe ofrecer alternativas reales: permanencia escolar, formación técnica, empleo digno, atención psicológica y espacios comunitarios seguros. Las becas son herramientas útiles, pero no reemplazan una estrategia integral capaz de enfrentar las condiciones de vulnerabilidad y la violencia que favorecen la captación.
México no puede medir el éxito de su política de seguridad únicamente por el número de detenidos, las armas aseguradas o los operativos realizados. También debe preguntarse cuántos menores logra proteger antes de que sean incorporados a una organización criminal.
Mientras los grupos delictivos encuentren jóvenes expuestos a la violencia, susceptibles de ser engañados o privados de redes de protección, el reclutamiento seguirá siendo un desafío para las instituciones y para la sociedad.
La verdadera prueba de una política de seguridad no es cuántos jóvenes terminan frente a un juez o en una estadística de homicidios, sino cuántos consiguen construir un futuro sin quedar atrapados en las redes del crimen organizado.
