Modalidad 40, entre el combate al fraude y la incertidumbre.
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
Los cambios a la Modalidad 40 del IMSS son uno de esas decisiones que se toman desde las oficinas del Gobierno federal, pero cuyas consecuencias llegan hasta la mesa de las familias, donde detrás de las reglas administrativas hay trabajadores que llevan décadas cotizando y que ven en su jubilación la posibilidad de vivir con tranquilidad después de años de esfuerzo.
El tema escaló al debate luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social modificara los criterios de incorporación a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40. El argumento oficial es combatir posibles irregularidades y proteger la viabilidad financiera del sistema de pensiones; sin embargo, las nuevas disposiciones han generado interrogantes entre quienes planeaban su retiro bajo las reglas anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el asunto durante su conferencia matutina del jueves 22 de octubre. Defendió la regulación al señalar que se detectaron presuntos fraudes relacionados con pensiones elevadas, cuyo impacto económico, según expuso, alcanzaría cientos de miles de millones de pesos. Su argumento es que el Estado debe impedir abusos y garantizar recursos para cubrir las pensiones que legítimamente corresponden a los trabajadores.
La explicación presidencial pone sobre la mesa una cuestión de fondo: si existen esquemas irregulares, deben investigarse y sancionarse. Pero también corresponde a las autoridades explicar qué prácticas se detectaron, cuál es el sustento de las nuevas reglas y cómo se evitará que las medidas terminen afectando a quienes han cumplido con sus obligaciones ante el Seguro Social. Combatir el fraude es necesario, pero la certeza jurídica también debe estar garantizada.
La Modalidad 40 permite a determinados trabajadores continuar cotizando voluntariamente al IMSS después de causar baja del régimen obligatorio, siempre que cumplan los requisitos correspondientes. Para algunas personas, especialmente quienes se encuentran bajo el régimen pensionario de la Ley de 1973, puede representar una herramienta importante para mejorar el monto de su jubilación. No garantiza por sí sola una pensión determinada, pues influyen las semanas cotizadas, el salario registrado y las circunstancias particulares de cada asegurado.
En Durango, el coordinador de los diputados locales del PRI, Ernesto Abel Alanís Herrera, ha cuestionado las deficiencias del sistema de salud y la necesidad de garantizar mejores servicios. También advirtió que con las nuevas reglas muchos mexicanos podrían limitarse a mejores pensiones.
La oposición federal también ha expresado preocupación por las consecuencias de las nuevas disposiciones. La diputada panista por Durango Paty Jiménez ha pedido transparencia y claridad respecto de las restricciones. Su planteamiento coloca en el centro la certeza jurídica y la necesidad de que los trabajadores conozcan qué reglas se aplican a su situación particular. Sin embargo, la discusión requiere algo más que declaraciones: hacen falta explicaciones oficiales y una revisión puntual de los alcances del acuerdo.
Del lado del Gobierno federal, la defensa de la medida obliga a responder preguntas concretas. Si se identificaron irregularidades, ¿cuáles fueron los mecanismos utilizados y qué controles permitirán impedirlas? ¿Qué parte del problema corresponde a conductas fraudulentas y cuál a las condiciones legales del sistema? La transparencia será fundamental para que la población pueda distinguir entre una medida contra los abusos y una restricción que pudiera afectar a asegurados que han cumplido con la ley.
También es indispensable distinguir entre quienes ya están inscritos y quienes pretenden incorporarse. Las condiciones aplicables pueden variar según la fecha y la situación de cada asegurado. Por ello, antes de afirmar que todos los trabajadores perderán derechos o que las nuevas disposiciones no afectarán a nadie, el IMSS debe explicar sus alcances con precisión y ofrecer orientación accesible.
La discusión merece además una revisión técnica. Especialistas en pensiones, abogados laborales y representantes de los trabajadores pueden ayudar a determinar cuántas personas podrían resultar afectadas, cuáles son las alternativas disponibles y qué recursos legales existen en caso de controversia. Una modificación de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente desde el discurso político: sus efectos deben analizarse con información verificable.
No se trata de convertir cada decisión federal en una disputa política ni de respaldar o cuestionar automáticamente al Gobierno. Se trata de distinguir entre quienes presuntamente incurrieron en irregularidades y los trabajadores que buscan mejorar su pensión mediante mecanismos legales. Si el objetivo es combatir abusos, que se haga con procedimientos claros; si existen dudas sobre la legalidad de las nuevas reglas, que se revisen por las vías correspondientes.
El Gobierno federal tiene la responsabilidad de transparentar los motivos de la medida; el IMSS, de explicar sus alcances, y los legisladores, de vigilar que la regulación respete el marco jurídico y los derechos de los asegurados. La confianza en las instituciones depende también de que las decisiones que afectan el patrimonio de las personas se comuniquen con claridad y se apliquen con certeza.
Porque el retiro no debería convertirse en una apuesta a ciegas. Quien ha trabajado durante 30 o 40 años merece reglas claras para planear su vejez, no incertidumbre ni promesas partidistas. La pensión no es una concesión de ningún partido ni un favor del Gobierno: es un asunto de seguridad social, legalidad y dignidad para quienes han dedicado buena parte de su vida al trabajo.
Al final, la pregunta no es quién gana el debate político, sino si las autoridades lograrán combatir las irregularidades sin perjudicar a los trabajadores que han cumplido con la ley.
