POR: LILY ORTIZ
Actas de Cabildo que están en la omisión y la falta de certeza
La transparencia de un gobierno municipal no se demuestra solamente con discursos ni con informes públicos; comienza en algo tan elemental como dejar constancia fiel de lo que se discute, se acuerda y se vota; pero cuando los documentos oficiales no reflejan con precisión lo ocurrido, el problema deja de ser administrativo para convertirse en un asunto de falta de transparencia y rendición de cuentas.
Esa es la realidad que puso sobre la mesa la diputada priista Rocío Rebollo Mendoza, al referirse a las irregularidades que se han encontrado durante la revisión de documentos municipales en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. A partir de esas experiencias, explicó la necesidad de regular y reglamentar la elaboración de las actas de las sesiones de Cabildo.
Los ejemplos que expone no son menores, y es que de acuerdo con su señalamiento, hubo ocasiones en que se presentaba una hoja de asistencia como si fuera el acta de una sesión, cuando este documento debe dar cuenta de lo sucedido, los acuerdos alcanzados y el sentido de los votos de cada regidor.
También relató un caso en el que un acta consignaba que siete regidores habían votado a favor de la aprobación de una cuenta pública, cuando, según indicó, en realidad habían sido seis.
Si los hechos ocurrieron como fueron descritos, no estamos frente a simples errores de forma, sino ante situaciones que pueden comprometer la confiabilidad de los documentos con los que se pretende acreditar decisiones públicas.
Y aquí conviene detenerse y cuestionarse: ¿cómo puede un ciudadano evaluar el desempeño de sus representantes si no tiene certeza de cómo votaron? ¿Cómo puede el Congreso revisar y dar trámite a determinados asuntos municipales si los documentos que recibe no reflejan con exactitud los acuerdos de Cabildo?
Las actas no son un requisito burocrático que deba cumplirse para completar un expediente, son una evidencia institucional; además emiten el reconstruir decisiones, identificar responsabilidades y conocer los argumentos que sustentaron asuntos que pueden tener consecuencias importantes para la población, desde la aprobación de cuentas públicas hasta la autorización de créditos y otros compromisos financieros.
Por eso, la propuesta de establecer reglas más claras para su elaboración tiene relevancia; dejando claro que no se trata de complicar el funcionamiento de los ayuntamientos, sino de establecer condiciones mínimas para que sus decisiones puedan comprobarse y revisarse.
Ciertamente la transparencia no puede depender de la voluntad de cada administración ni de los criterios particulares de quienes elaboran los documentos, lo anterior debe de responder a procedimientos claros, uniformes y verificables.
Por eso el contar con actas completas, votaciones correctamente registradas, documentos oficiales y sistemas de archivo accesibles para las autoridades facultadas puede mejorar la operación municipal. La digitalización y la interconexión de archivos también pueden facilitar la consulta y el seguimiento, siempre que se garantice la autenticidad de los documentos, la protección de la información y el acceso público conforme a la ley.
El fondo del asunto es la responsabilidad con la que se ejerce el poder municipal. Los regidores tienen derecho a que sus votos queden asentados correctamente; los alcaldes y secretarios municipales, la obligación de procurar que los acuerdos se documenten conforme a la normativa; y los ciudadanos, el derecho a conocer cómo se toman las decisiones que afectan a sus comunidades.
La iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario del PRI, a partir de las observaciones expuestas abre una oportunidad para corregir omisiones y fortalecer la certeza jurídica de los actos de Cabildo.
Un acta de Cabildo debe decir lo que realmente ocurrió, no lo que alguien decidió escribir después. Esa debería ser una regla elemental de cualquier gobierno que aspire a actuar con legalidad, ética y rendición de cuentas.
