Chihuahua: acusar no es probar.
El enfrentamiento entre Maru Campos y Ariadna Montiel amenaza con convertir la seguridad en munición electoral.
Por: Alejandro Flores de la Parra.
Hay acusaciones que encienden una campaña y otras que obligan a investigar. Vincular a una dirigente partidista con el crimen organizado pertenece a ambas categorías. Pero la gravedad del señalamiento jamás sustituye la solidez de las pruebas. Esa es la línea que se está desdibujando en el enfrentamiento entre Maru Campos y Ariadna Montiel.
La gobernadora de Chihuahua afirmó que la presidenta nacional de Morena mantiene nexos con el narcotráfico. Incluso aseguró haberlo advertido a Claudia Sheinbaum. La presidenta confirmó la conversación, pero precisó que pidió pruebas y que, hasta el 23 de octubre, no se las habían presentado. Cuando habla quien gobierna un estado, una imputación de semejante magnitud exige algo más que una entrevista.
La controversia escaló el 26 de octubre. En EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón publicó que, según fuentes de seguridad y un presunto informe federal, Montiel se habría reunido a principios de 2024, en Guadalupe y Calvo, con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, para negociar apoyo electoral a cambio de control territorial. El columnista sostuvo su versión; Montiel negó categóricamente el encuentro y ejerció su derecho de réplica.
Un día después, el Gabinete de Seguridad federal aclaró que no existe información oficial que confirme la existencia o autenticidad del informe citado, ni elementos institucionales que acrediten esos supuestos acuerdos. La precisión es importante, pero debe leerse con rigor: una negativa oficial no demuestra por sí sola que el encuentro no haya ocurrido; del mismo modo, citar fuentes reservadas no convierte una acusación en un hecho probado. Investigar exige corroborar, no simplemente tomar partido.
Montiel anunció acciones legales por daño moral, calumnias y violencia política de género. Tiene derecho a defender su reputación. Sin embargo, esta última figura no se configura automáticamente por una agresión verbal contra una mujer: la jurisprudencia electoral exige examinar si existen componentes de género y una afectación a sus derechos políticos. Esa determinación corresponde a las autoridades, no a las dirigencias partidistas.
El cierre de filas de gobernadores morenistas y las acciones electorales promovidas por Cruz Pérez Cuéllar muestran que el episodio ya forma parte de la disputa por Chihuahua en 2027. La solidaridad política puede ser legítima, pero no equivale a una absolución. Tampoco el protagonismo opositor de Campos exime de examinar cualquier denuncia que pudiera sustentarse en evidencia.
En el trasfondo aparece otra crisis: la polémica por la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua. Cada bando ha encontrado en ella argumentos para cuestionar al adversario. Mientras tanto, la discusión de fondo —la penetración del crimen organizado en territorios y elecciones— corre el riesgo de quedar sepultada bajo una montaña de adjetivos.
La salida no es elegir de antemano a quién creer. Campos debe aportar a las autoridades los elementos que asegura conocer; Montiel debe aceptar el escrutinio que corresponde a cualquier dirigente; el Gobierno federal debe garantizar investigaciones imparciales, y el periodismo preservar su independencia sin renunciar a la verificación.
En democracia, una acusación no es una sentencia, una réplica no es una investigación y un desplegado de apoyo no es una prueba. Chihuahua necesita respuestas; México también.
