Candidaturas bajo la lupa rumbo al 2027
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
Aunque todavía faltan algunas semanas para el arranque formal del proceso electoral federal 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene frente a sí uno de los mayores desafíos; garantizar que quienes aparezcan en las boletas lleguen con la mayor certeza posible sobre su integridad.
De esta manera, la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas coloca un nuevo ingrediente en la organización de las elecciones para generar alertas sobre posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada o con esquemas de financiamiento ilícito, a partir de información que deberá manejarse con extremo cuidado.
No es un asunto menor, porque en Durango la elección de 2027 será concurrente y estarán en juego las diputaciones locales, cuyo proceso arranca en noviembre, y las federales, que inician en septiembre. Eso significa que las autoridades electorales tendrán que trabajar prácticamente bajo el mismo calendario, aunque cada una desde el ámbito de sus respectivas competencias.
El INE tendrá la responsabilidad de establecer los mecanismos nacionales y los lineamientos para la verificación, pero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) tendrá también una tarea fundamental en el ámbito local: prepararse para aplicar las disposiciones que correspondan a las candidaturas a diputaciones locales y garantizar que los procedimientos de registro se realicen con legalidad, certeza y transparencia.
El reto para el organismo estatal no será convertirse en una instancia de investigación criminal, ya que su papel deberá estar claramente delimitado. La autoridad electoral no sustituye a las instituciones de seguridad ni a las fiscalías; su responsabilidad será recibir, procesar y aplicar la información que legalmente le corresponda, bajo reglas previamente establecidas.
Y ahí aparece uno de los puntos más delicados, la información que pudiera involucrar a una candidatura será altamente sensible; por ello, los protocolos de seguridad informática, trazabilidad, confidencialidad y acceso restringido serán tan importantes como las propias reglas para la verificación.
En este sentido, el IEPC tendrá que comenzar a preparar el terreno desde ahora. Deberá revisar sus reglamentos, procedimientos de registro, sistemas informáticos y mecanismos de coordinación con el INE, además de capacitar al personal que eventualmente tendrá contacto con información sensible.
También tendrá que existir una coordinación institucional muy clara. Si el INE establece lineamientos nacionales, el organismo electoral local deberá armonizar sus procedimientos sin generar vacíos ni duplicidades. En una elección concurrente, la coordinación no puede quedar para el último momento.
Otro desafío será el de los partidos políticos. La nueva dinámica los obliga a elevar sus propios filtros antes de presentar candidaturas. Aunque la revisión pueda tener componentes voluntarios en determinados casos, la responsabilidad política de postular perfiles confiables recaerá, en primera instancia, sobre quienes los llevan a las boletas.
Y aquí aparece una consecuencia política que seguramente dará de qué hablar rumbo al 2027, el PRI tendrá que pensar dos veces antes de seguir utilizando el calificativo de “narcopartido” contra Morena como simple argumento de campaña, algo que ya ha comenzado a evitar por “aire”.
Esto no significa que la oposición tenga que dejar de cuestionar o criticar a Morena, porque la crítica política es parte de cualquier democracia, pero una acusación de esta naturaleza es distinta y, con los nuevos mecanismos institucionales, tendrá que pasar del discurso a los hechos y de la propaganda a la información verificable.
Porque una cosa es señalar diferencias ideológicas, cuestionar gobiernos o confrontar proyectos, y otra muy distinta es lanzar acusaciones que pueden afectar la reputación de candidatos y partidos.
El IEPC tendrá que actuar con especial cuidado para no convertir un mecanismo de verificación en un instrumento político. Cualquier alerta deberá estar sustentada, ser tratada bajo reglas claras y respetar los derechos de las personas involucradas.
Porque si algo puede poner en riesgo la confianza en una elección es precisamente la falta de certeza, y en un escenario donde estarán en disputa las diputaciones locales y federales, cualquier error, filtración o uso político de información sensible podría convertirse en un problema mayor.
El 2027 todavía parece lejano para el ciudadano común, pero para las instituciones electorales ya está encima. El INE tiene que construir las reglas nacionales y el IEPC Durango deberá estar listo para aterrizarlas en el ámbito local.
La elección comenzará formalmente en unas semanas, pero la verdadera competencia por la confianza ciudadana ya comenzó. Y esta vez, además de contar votos, las autoridades tendrán que demostrar que saben cuidar la información, revisar los procedimientos y blindar, hasta donde la ley lo permita, las candidaturas que llegarán a las boletas.
