¿Quién responderá por el deterioro del INE?
Juvenal Rosales Flores
Acontecer Político
¿La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) marcará el inicio de una etapa de revisión institucional o será solamente un cambio de nombres? La respuesta dependerá de que se esclarezcan los hechos, se fortalezcan los controles internos y se recupere la colegialidad. Porque una democracia necesita algo más que elecciones: requiere un árbitro cuya autonomía pueda comprobarse y en el que la ciudadanía tenga razones para confiar.
La exigencia ciudadana apunta a que continúen las investigaciones y las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, así como a que la Fiscalía General de la República investigue cualquier posible ilícito dentro de sus atribuciones. La premisa es fundamental: las renuncias no exoneran de responsabilidades y ninguna investigación debe detenerse solamente porque una persona abandone el cargo.
En Durango, la discusión también llegó a las dirigencias partidistas. Dany Soto, diputada y dirigente estatal del PRI, demandó esclarecer a fondo los presuntos actos de corrupción y revisar si hubo omisiones de funcionarios o áreas responsables de vigilar el funcionamiento del instituto. Para la priista, la salida de Taddei no puede convertirse en un punto final ni borrar lo ocurrido durante su gestión.
Su postura coloca la rendición de cuentas como una condición para reconstruir la credibilidad de una institución cuya función es garantizar elecciones transparentes, equitativas e imparciales. También advirtió sobre el riesgo de que la designación de la próxima presidencia responda a intereses partidistas, particularmente de Morena. Su exigencia es que el relevo privilegie la experiencia, la trayectoria profesional y la independencia, para que el organismo no sea percibido como subordinado a una fuerza política.
Por su parte, Mario Salazar, dirigente estatal del PAN, coincidió en que la renuncia no elimina la obligación de rendir cuentas. Si una investigación acredita irregularidades en el manejo de recursos o responsabilidades de funcionarios, deberán aplicarse las sanciones correspondientes. No se trata solamente de cambiar a quien encabeza el organismo, sino de conocer qué sucedió y quiénes participaron en las decisiones cuestionadas.
El dirigente panista también cuestionó el procedimiento de selección mediante una tómbola utilizado para elegir a la actual presidencia, al considerar que no privilegió suficientemente la trayectoria y la experiencia electoral. Por ello, el próximo relevo representa una oportunidad para garantizar que quienes encabecen instituciones de esta naturaleza cuenten con preparación, capacidad y, sobre todo, independencia política.
Desde la sociedad civil, Jesús Diez, del Consejo Ciudadano del partido SOMOS, sostiene que Morena destruyó al INE y advierte que la renuncia de Taddei era indispensable, pero insuficiente. Su valoración política coloca en el centro la autonomía electoral, la transparencia y la necesidad de aclarar los señalamientos que han surgido en torno a la gestión del organismo. Cambiar de titular no significa, por sí mismo, recuperar la confianza ciudadana.
Uno de los cuestionamientos más delicados que plantea es el abandono de la colegialidad en decisiones relevantes, incluidos asuntos relacionados con contratos. Si esto ocurrió, deberá investigarse y acreditarse; pero, más allá de las responsabilidades individuales, el INE necesita demostrar que sus mecanismos internos de vigilancia y decisión funcionan y que ninguna persona puede concentrar decisiones que corresponden a sus órganos colegiados.
El representante del Consejo Ciudadano SOMOS incluso plantea la posibilidad de convocar a movilizaciones sociales si no existen respuestas satisfactorias. La protesta pacífica es una vía legítima de participación ciudadana, pero la exigencia de fondo debe traducirse en investigaciones transparentes, información verificable y resoluciones conforme a derecho.
El diputado morenista Alejandro Mata expresó su confianza en que una situación de esta naturaleza no vuelva a repetirse y calificó lo ocurrido como un acto reprobable. Su postura fue contundente: “Quien la hace, la debe pagar”. Una declaración que coloca sobre la mesa que la rendición de cuentas no debería tener colores partidistas ni excepciones políticas.
En este escenario, las coincidencias entre Dany Soto, Mario Salazar y Jesús Diez giran en torno a tres exigencias: investigar, rendir cuentas y evitar la intervención partidista en el relevo del INE. A ellas se suma el señalamiento de Alejandro Mata, que pone énfasis en que las posibles responsabilidades deben tener consecuencias. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar los hechos y establecer si existen faltas o delitos.
Al final, la pregunta no es solamente quién se queda o quién se va del INE, sino quién responde por las decisiones tomadas y qué garantías existen de que no volverán a repetirse situaciones similares. La democracia necesita instituciones fuertes, pero también funcionarios que entiendan que los cargos públicos implican responsabilidades. Porque una renuncia puede cerrar una gestión, pero nunca debe cerrar la puerta a la justicia ni a la rendición de cuentas.
