Frente a la primera línea: ¿quién protege al personal de salud en Durango?
Quienes llegan a un hospital esperan encontrar atención, auxilio y, en muchos casos, una oportunidad para salvar la vida. Médicos y enfermeras acuden a esos mismos espacios para cumplir con su responsabilidad profesional. Pero ¿qué ocurre cuando quienes están ahí para proteger la salud de los demás también se convierten en víctimas de la violencia?
Durango tiene motivos recientes para hacerse esa pregunta.
El 25 de octubre, una enfermera del Hospital General de Zona número 1 del IMSS, en la capital del estado, fue golpeada por un familiar de un paciente. Un par de semanas antes, el 10 de octubre, una doctora del Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, también fue agredida físicamente por un paciente mientras lo atendía en urgencias. Dos hechos distintos, en hospitales diferentes, que exhiben un problema que las autoridades sanitarias no pueden minimizar: la seguridad del personal médico y de enfermería.
No se trata de justificar las deficiencias que puedan existir en los servicios públicos ni de pedir a los pacientes que renuncien a su derecho a reclamar una atención digna. Se trata de entender algo elemental: ninguna inconformidad, por legítima que sea, autoriza a golpear, amenazar o intimidar a quien presta un servicio médico.
La precariedad de un sistema de salud, cuando existe, no puede convertirse en una licencia para la violencia. Y los trabajadores sanitarios no deben pagar con su integridad física las deficiencias administrativas, las fallas de comunicación o las frustraciones acumuladas de los usuarios.
El problema es todavía más grave cuando se observa lo ocurrido en El Salto. El 15 de julio de 2022, Éric David Andrade Ramírez, un médico pasante de 24 años, fue asesinado a balazos mientras realizaba su servicio social en esa misma unidad médica de Pueblo Nuevo. En diciembre de 2023, el responsable fue sentenciado a 40 años de prisión. Cuatro años después de aquel crimen, otra agresión contra una médica en el mismo hospital vuelve a colocar la seguridad del personal sanitario en el centro de la discusión.
No son hechos equivalentes ni existe evidencia suficiente para afirmar que respondan a una misma causa. Pero su coincidencia en una misma unidad médica obliga a formular preguntas incómodas: ¿qué medidas de prevención se adoptaron después del asesinato de Éric Andrade?, ¿qué mecanismos de respuesta existen cuando un paciente se torna violento?, ¿el personal cuenta con protección efectiva y protocolos que funcionen en la práctica, o las instituciones reaccionan hasta que ocurre una nueva agresión?
Las preguntas no buscan anticipar responsabilidades jurídicas. Buscan algo más elemental: que las autoridades expliquen qué se ha hecho, qué resultados se han obtenido y qué falta por hacer.
La seguridad tampoco puede reducirse a la presencia de vigilantes o a la intervención policial una vez consumada una agresión. Se necesitan protocolos de actuación, personal capacitado, mecanismos para solicitar ayuda inmediata, seguimiento de las denuncias y acompañamiento médico, psicológico y jurídico para las víctimas. También es indispensable evaluar los riesgos específicos de cada unidad, particularmente en las comunidades alejadas, donde la respuesta ante una emergencia puede enfrentar dificultades adicionales.
A ello se suma una dimensión que suele quedar fuera de la conversación pública: el desgaste que supone trabajar bajo presión constante, atender a personas en situaciones críticas y enfrentar episodios de hostilidad. No hace falta inventar cifras ni atribuir diagnósticos para reconocer que la violencia puede comprometer el bienestar de los trabajadores y afectar el entorno en el que se presta la atención médica. Las instituciones deben contar con mecanismos de prevención y apoyo, no esperar a que el daño sea irreversible.
Por eso, la respuesta no puede limitarse a condenas públicas después de cada incidente. El IMSS informó que presentó una denuncia por la agresión contra la enfermera y que revisaría los protocolos de seguridad y la actuación del personal de vigilancia. Es un paso necesario, pero la exigencia pública debe ir más allá: conocer los resultados de esa revisión y saber qué cambios concretos se implementarán para evitar que la historia se repita.
La Secretaría de Salud de Durango y las instituciones federales que operan en la entidad tienen responsabilidades que deben traducirse en acciones verificables. Es necesario revisar las condiciones de seguridad de las unidades médicas, fortalecer la protección del personal, garantizar canales de denuncia accesibles y transparentar los resultados de las medidas adoptadas. En el caso de los médicos pasantes, además, debe revisarse que las condiciones de asignación y permanencia en las unidades sean compatibles con su seguridad.
Hay una verdad incómoda detrás de estos episodios: un hospital no puede ofrecer condiciones adecuadas de atención si quienes trabajan en él deben preocuparse por convertirse en las siguientes víctimas de una agresión.
La violencia contra el personal sanitario no debe normalizarse, pero tampoco puede utilizarse para descalificar las legítimas demandas de los pacientes. Ambos derechos deben protegerse: el de la población a recibir servicios dignos y el de quienes los prestan a trabajar sin amenazas ni agresiones.
Porque quienes están en la primera línea de la atención médica no deberían tener que elegir entre cumplir con su vocación y proteger su propia integridad. La pregunta que Durango debe responder ya no es solamente cómo atender a sus pacientes, sino cómo garantizar que quienes los atienden puedan regresar sanos y salvos a casa.
