por Eduardo Rodríguez
Secuestrando a México, ley por ley.
Desde que el oficialismo logró, de forma artificial, la mayoría calificada en el Congreso el año pasado —gracias a decisiones del INE y el Tribunal Electoral que manipularon las reglas—, la Cuarta Transformación se ha lanzado con prisa a imponer reformas que buscan afianzar un sistema autoritario, el mismo que López Obrador empezó a construir para impedir que el poder cambie de manos.
La desaparición de organismos autónomos como el INAI, la reforma al Poder Judicial y el nuevo paquete de leyes que se discute en un periodo extraordinario, forman parte de este intento por desmontar la democracia. El objetivo es claro: concentrar todo el poder.
Lo más alarmante es el silencio de la oposición y de la sociedad, parecen paralizados, sin reacción, mientras se construye un sistema legal que protege al gobierno y castiga a quienes piensan diferente. Además, se sigue ocultando la información pública y se cierran los espacios de vigilancia ciudadana.
El control de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Electoral es parte del mismo plan: asegurarse de que nadie pueda poner en duda los abusos del poder.
Un ejemplo claro es la elección del Poder Judicial, que debería ser anulada por todas las irregularidades, pero que será avalada por quienes ya doblaron las manos en esos órganos.
Esta semana se discuten leyes graves, como la que da control total de la Guardia Nacional al Ejército, y la llamada “Ley Censura”, que limita libertades fundamentales. Como no implican cambios constitucionales, Morena y sus aliados pueden aprobarlas sin necesidad de negociar con nadie.
También se quiere aprobar una nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que incluye, entre otras cosas, un registro nacional de teléfonos móviles, lo que puede vulnerar derechos sin controles claros.
Además, hay otras cinco reformas que afectan leyes clave: el Código de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Amparo, la Ley de Procedimiento Contencioso y la Ley de Salud sobre Vapeadores. Todo esto configura un sistema legal hecho a la medida del gobierno, donde los ciudadanos quedan indefensos si quieren reclamar justicia.
Este paquete de reformas, junto con jueces leales al oficialismo, apunta a consolidar un nuevo régimen, con instituciones capturadas y una Constitución hecha a modo para López Obrador, Claudia Sheinbaum y su grupo cercano, que no tienen freno ni contrapesos.
Y lo más grave: todo esto sucede ante la pasividad de los líderes de la oposición. Ellos apuestan a que en 2027 podrán recuperar espacios en el Congreso, pero ignoran que el sistema ya está diseñado para arrebatarles votos, como ocurrió en la última elección con las coaliciones artificiales que inflaron los escaños de Morena, PT y PVEM más allá de lo que realmente ganaron. Es más, ya no se tratará de arrebatarles los votos, sino de que tengan valía.
Mientras tanto, el país se nos escapa de las manos. Y aunque hay voces que denuncian lo que está pasando, cada vez son menos y están más limitadas para actuar frente a un gobierno que va camino al autoritarismo y sin resultados evidentes en materia alguna.
