Por Eduardo Rodríguez
Más deuda, menos futuro: el legado tóxico de la 4T
Nuestro país está en quiebra y la responsabilidad, aparte de ser compartida, tiene nombres y apellidos: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. En las mañaneras, insisten en que no han contratado más deuda; sin embargo, los datos duros los desmienten: de una deuda pública de 10.31 billones de pesos en 2018, se pasó a 17.99 billones en lo que va de 2025.
Eso es lo malo para quienes defienden al régimen, que la palabrería disfrazada de frases como: “primero los pobres”, “no robar, no mentir, no traicionar” y el resto de sandeces que se atreven a pregonar cada que tienen un micrófono en frente, se les derrumba cuando se enfrentan a los números, a la estadística, a lo que viven las familias día con día.
En Morena son mucho discurso para tan poca realidad.
Lo más grave es que para 2030, al final del actual sexenio, la deuda rondará por lo menos los 25 billones de pesos. Esto muestra la ineficiencia del gobierno de la 4T para revertir el déficit público y ajustarse a los insuficientes ingresos que genera.
A pesar de que conocen la situación de las finanzas del país, derrochan el dinero público en obras inútiles y otorgan dádivas a un sector de la población que lo dilapida, mientras la mitad de los mexicanos sigue viviendo en pobreza extrema y marginación.
El sexenio de López Obrador no solo estará marcado por ser uno de los que incurrió en mayores déficits o niveles de endeudamiento, sino por el mal uso que hizo del mismo. Durante todo su sexenio, el gasto de inversión física fue inferior al déficit público en el que incurrió, y a medida que crecía mas el endeudamiento, destinó menor proporción al gasto en inversión.
Y es que el endeudamiento no es malo en si mismo para las finanzas públicas, pues representa una fuente de financiamiento. Sin embargo, si no es usado con responsabilidad, cumpliendo con las metas o limites que se establecen por ley, asi como si no se le da un uso responsable, entonces pudiera no generar el efecto esperado y representar solo una carga financiera.
La Constitución, a través del artículo 73, establece que el endeudamiento público debe destinarse a obras que generen ingresos, es decir, a gasto de inversión. Sin embargo, al analizar el cierre de 2024, se observa que solo 53 de cada 100 pesos de deuda fueron usados en inversión física, mientras que los 47 restantes se destinaron a otros gastos como intereses o programas sociales, lo que pone en duda el uso responsable del financiamiento conforme al mandato constitucional.
Las anteriores consideraciones de tipo económico no le interesan al populismo y, por ello, no escatima dinero -sobre todo cuando no es de ellos- para regalarlo con ello ganar elecciones, sin importar que ese gasto está aniquilando la viabilidad de las finanzas públicas, al ser progresivo con el paso del tiempo.
La contratación de deuda pública no solo endeuda a las actuales y futuras generaciones, sino que con el pago de los intereses de la misma, se acotan los márgenes de operación del presupuesto anual, ya que cada vez se pagan más intereses que impiden canalizar esos recursos a obras y programas en beneficio real de la población.
El sexenio anterior cerró con el pago de intereses y servicio de la deuda pública en 29 años. Al cierre de 2024, el costo financiero de la deuda pública subir 3.4% del PIB, algo no visto desde 1996. Esta realidad termina afectando a la población, al haber menos recursos para garantizar los bienes y servicios públicos.
Solo un dato más: para finales de 2024, el gobierno federal destinó 3.4% del PIB al pago de intereses de la deuda pública y solo el 2.7% del PIB a salud. Así están las cosas en nuestro país, así des-gobierna Morena y Claudia, como el chinito.
@eduardguezh
