Por: Eduardo Rodríguez
La Corte que predica austeridad pero practica privilegios
La Suprema Corte de Justicia atraviesa un momento en el que parece haber perdido el rumbo. No solo por resoluciones que generan polémica, sino por actitudes, silencios y decisiones administrativas que revelan una desconexión profunda con la realidad social del país. Hay señales claras de una institución que, lejos de corregir, insiste en colocarse del lado incorrecto del ánimo público.
La adquisición de camionetas blindadas de alta gama para uso de ministros no puede reducirse a un trámite interno ni a un asunto técnico. Es un acto cargado de simbolismo político. Cada peso ejercido desde el poder envía un mensaje, y este en particular choca frontalmente con la narrativa oficial de sobriedad y coherencia que se presume desde el discurso gubernamental.
Aunque finalmente los vehículos fueron devueltos, el daño ya estaba hecho. La rectificación llegó tarde. Antes hubo aceptación, uso y defensa de una decisión que resultaba indefendible. Hizo falta una intervención externa, directa, desde la Presidencia, para corregir lo que la propia Corte no supo —o no quiso— reconocer como un exceso. La imagen que quedó fue la de una institución desequilibrada, sin tacto ni sentido de oportunidad.
Todo ocurrió en un contexto económico adverso para millones de personas. Basta mirar alrededor para constatar que una gran parte de la población vive con lo justo, atrapada entre precios al alza, ingresos inestables y una incertidumbre constante sobre el mañana.
En ese México cotidiano, la postal de ministros trasladándose en camionetas blindadas de lujo no solo resulta ajena: es hiriente. Refuerza la percepción de una élite que se mueve en una burbuja completamente distinta a la del ciudadano promedio.
La Corte, bajo la conducción de su presidencia, ha intentado revestirse de un legado moral asociado al juarismo y a la austeridad republicana. Pero parece olvidar que los valores no se declaman: se practican. Juárez entendía que la autoridad se sostenía tanto en la ley como en el ejemplo. Y el ejemplo reciente fue el de un poder que se blinda y se distancia.
El argumento de la seguridad suele aparecer como justificación automática. Nadie niega la violencia que atraviesa al país. Pero la seguridad no puede ser una coartada para el derroche ni una licencia para ignorar la desigualdad. Cuando el Estado protege con lujo a sus cúpulas, el mensaje implícito es inquietante: no todas las vidas parecen valer lo mismo.
A ello se suma una contradicción política evidente. Durante años se ha insistido en que la austeridad es una convicción ética, no una medida coyuntural. Se ha señalado el despilfarro del pasado como uno de los grandes males del sistema. En ese marco, resulta incomprensible que una de las instituciones clave del Estado incurra en gastos que desmienten ese relato.
El lema ha sido claro: no puede haber un gobierno opulento en un país empobrecido. Sin embargo, decisiones como esta exhiben una aplicación selectiva del principio. La contención se exige a las mayorías, mientras que en las alturas del poder se diluye sin pudor.
El problema va más allá del monto erogado. Lo verdaderamente grave es el contraste, la desproporción, la falta de empatía frente a una realidad social marcada por carencias persistentes.
Todo esto ocurre, además, cuando el Poder Judicial enfrenta una crisis de legitimidad. Reformas, presiones políticas y cuestionamientos constantes lo mantienen bajo observación permanente. Cada paso, cada decisión, pesa más que nunca.
En ese escenario, ningún acto administrativo es neutro. Comprar vehículos blindados de lujo no fortalece a la Corte: la debilita. Profundiza la distancia con una ciudadanía que ya percibe a la justicia como inaccesible, lenta y reservada para unos cuantos.
Hoy, la Suprema Corte da la impresión de caminar sin brújula: decisiones controvertidas, opacidad, falta de sensibilidad y errores que la colocan del lado equivocado del momento histórico. La reciente elección judicial y sus consecuencias tempranas han dejado al descubierto un deterioro preocupante del equilibrio entre poderes. El episodio de las camionetas no es anecdótico: es sintomático.
Se devolvieron los vehículos. Falta saber cuándo vendrán las decisiones de fondo: la reducción de salarios, el recorte del aparato burocrático y la congruencia real que tanto se exige desde el discurso.
@eduardguezh
