Por Eduardo Rodriguez
INE: el árbitro bajo sospecha.
La peor noticia para una democracia no es que un partido se enquiste en el poder, sino que la ciudadania deje de confiar en quien organiza las elecciones y cuente los votos. Tal como sucedía en el siglo pasado, cuando el organismo electoral dependía de la Secretaria de Gobernación.
Ese es el verdadero problema que enfrenta el Instituto Nacional Electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Durante años, Morena y Andrés Manuel López Obrador emprendieron una ofensiva política contra el INE bajo el argumento de que era un organismo oneroso, burocrático y vinculado con los intereses del antiguo régimen. Después vinieron reformas, recortes presupuestales, confrontaciones y una recomposición de su Consejo General.
Hoy Guadalupe Taddei preside un instituto muy distinto al que encabezaron Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde o José Woldenberg.
A las controversias políticas se agregan ademas cuestionamientos administrativos sobre contrataciones realizadas durante la presidencia de Taddei. Una investigación publicada hace unos días por Reforma refiere controversias relacionadas con proveedores, adjudicaciones y el nombramiento de Jesus Octavio Garcia Gonzalez como directo de Administración del instituto, quien posteriormente dejo el cargo tras una denuncia por posible conflicto de interés.
Ante las denuncias de corrupción en el INE, seguramente el gobierno de la 4T dará carpetazo al asunto, sin considerar que el golpe será a la democracia, pero eso qué importa si lo que se trata desde el primer momento es de eliminarla.
El INE maneja miles de millones de pesos, pero administra algo todavía más importante: la confianza electoral de los mexicanos y, cuando esta en entredicho, pues se vislumbra que el abstencionismo sea el ganador en las elecciones intermedias del próximo año.
El costo de la democracia es oneroso y se observa en el presupuesto del INE: 31 mil millones 431 millones 887 mil 800 pesos para 2027, ademas de 10 mil 842 millones de pesos correspondientes al financiamiento público de partidos políticos y candidaturas independientes.
Se calcula que la lista nominal crecerá de 98 a más de 102 millones de ciudadanos y que deberán instalarse alrededor de 176 mil casillas, además de contratar aproximadamente 51 mil supervisores, capacitados y asistentes electorales.
Para fiscalizar campañas, vigilar prerrogativas, monitorear radio y televisión, sancionar infracciones y tomar decisiones la autoridad necesita algo que no puede comprarse con presupuesto público: credibilidad.
La autonomía que debe profesar el INE se demuestra todos los días manteniendo distancia del Ejecutivo y de los partidos. El árbitro no puede vestir ninguna camiseta.
Por eso seria un grave error que Morena considerara al INE como territorio conquistado, e igual de malo que algún consejero se despache con la cuchara grande en el manejo del presupuesto.
Si Taddei convirtió al INE en un botín político o una caja chica, debe rendir cuentas. Porque si Morena captura al árbitro y el árbitro traiciona su función, el voto deja de ser garantía democrática para convertirse en rehén del poder. Un INE sin credibilidad no defiende la democracia: la sepulta.
