Uno de los temas que se ha convertido en pieza de coyuntura política en el país, es el llamado “plan b”, un proyecto de ley que se ha promovido desde las altas esferas del poder, consagrando una pretensión impulsada a través del órgano legislativo reposado en la cámara de diputados y la cámara de senadores.
La conformación de ambas cámaras juega del lado del partido oficialista en el poder, pues posee una marcada ventaja de integración mayoritaria en ambas cámaras. No obstante, a pesar de esta circunstancia, la presencian de las ideas encontradas que son producto de la pluralidad se han hecho sentir.
Para ser concretos, el llamado “plan B”, surgió para convertirse en el segundo intento de generar cambios sustanciales en materia electoral en el país a través de la legislación. Este intento nació en virtud de que la pretensión inicial de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prosperó, por lo que sus principales promotores optaron por una segunda ruta a través de un proyecto que reforma leyes secundarias en materia electoral.
Aprovecho para decir, que en este caso no profundizaremos en un análisis de fondo sobre el proyecto legislativo en mención. Sino que, nos ocuparemos de reflexionar sobre la importancia fundamental de los pesos y contrapesos frente a las circunstancias que se dictan desde el poder.
Ventilar esta reflexión a la luz del principio político de la división de poderes, es una noción que concuerda perfectamente con la realidad actual. Primero, porque analizar la figura de la división de poderes al margen de las tareas formales y materiales de cada órgano, sería una ilusión muy limitada. Y, segundo, porque la importancia de esta reflexión yace en la compensación de fuerza que genera la posibilidad para que un órgano paralice el ejercicio absoluto de poder de otro órgano.
Los asuntos de interés público deben desglosarse al margen de un criterio que generará el bien común para todos, priorizando “dar luz” a aquellos asuntos que, a pesar de ser de interés público, en ocasionen se comunican con obscuridad, generando polarización, incertidumbre y poca claridad.
Esta es la importancia de los pesos y los contrapesos en el poder. Por un lado, el poder ejecutivo y sus aliados en la cámara de diputados y de senadores, intentan producir cambios en materia electoral para el país, no obstante, los argumentos que empujan esta pretensión configuran posturas, mismas que en vez de darnos luz, nos dan sospecha de que algo no se está llevando a acabo con apego a la constitución.
Por otro lado, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un cuerpo colegiado que con sus criterios nos proporciona luz y juicio, no solamente para ilustrarnos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o acto, sino también para conceder certeza y enderezar la realidad del país ante la arbitrariedad.
El proyecto legislativo denominado plan b, fue aprobado por el Senado mexicano el miércoles 22 de febrero pasado. Dicho proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 votos en contra, sin ninguna abstención. El contexto anterior se sitúa en la cancha del poder legislativo, mientras que la estimación o desestimación en términos constitucionales está en la cancha de la SCJN, es decir, el poder judicial. es ahí donde la ficción de la separación de poderes cobra vida.
Obligatoriamente debemos precisar que, en la SCJN se vislumbra la esperanza de un México constitucional, de tal suerte que su nueva presidenta, la ministra Norma Piña, ha denotado ser un contrapeso frente al poder que se ejerce desde palacio. En esta parte es preciso mencionar que, el trabajo de la ministra refleja un contrapeso sustentado en su profesionalismo.
Parte de la credibilidad que ostenta la ministra, y que le ha ayudado a generar un clima de esperanza para ser un balance frente al poder, se debe a sus resoluciones. Por ejemplo, dentro de la SCJN, la ministra votó en contra de la reforma eléctrica. Aunque, por otra parte, dio su voto a favor de la reciente militarización.
dicho precedente soslaya que la ministra al frente de la corte, ahora como presidenta, puede ser el único ejercicio real de contrapeso frente al poder, no solamente por el mensaje que envió al presidente de la república en aquel encuentro dentro de la corte, sino también por lo que sustenta en sus criterios y su ecuanimidad.
Derivado de lo anterior, la SCJN será determinante para avalar o desestimar lo aprobado en la cámara de senadores en materia electoral, pues como se dijo anteriormente, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo actuado en el poder legislativo ahora se encuentra en la cancha de la corte.
En ese sentido, por un lado, nos toca presenciar la promoción de mecanismos que los partidos políticos promueven en contra de este producto legislativo, y por otro lado, también habremos de presenciar si la SCJN hace frente a las acciones de inconstitucionalidad presentadas, o bien, “patea el bote” y prolonga aquello que debe ser atendido con carácter prioritario. No obstante, hasta en tanto la corte no se pronuncie materialmente al respecto, los ciudadanos seguiremos alimentando la expectativa de que la SCJN es la única esperanza convertida de contrapeso frente al poder en México.
