El bachillerato no puede esperar hasta 2105: la deuda educativa con la juventud
La educación es un derecho, pero en sociedades marcadas por la desigualdad también puede convertirse en un privilegio. El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2026, de la UNESCO, advierte que, si continúan las tendencias actuales, el bachillerato universal podría alcanzarse hasta el año 2105. Detrás de esta proyección existe una realidad preocupante: millones de adolescentes enfrentan condiciones de pobreza, violencia y exclusión que limitan sus oportunidades de continuar estudiando. La pregunta es inevitable: ¿cuántas generaciones más deberán esperar para que el acceso a la educación media superior deje de depender de sus circunstancias sociales?
Abandonar la escuela no puede explicarse únicamente por decisiones individuales o falta de interés. La trayectoria educativa está condicionada por el entorno familiar, los ingresos del hogar, la disponibilidad de planteles, la seguridad de las comunidades y las oportunidades laborales. Para muchos jóvenes mexicanos, estudiar implica superar obstáculos que otros nunca enfrentan: recorrer largas distancias, contribuir a la economía familiar, cuidar a sus hermanos o vivir en territorios donde la violencia amenaza su integridad. En estas circunstancias, la desigualdad social se convierte también en desigualdad educativa.
México ha registrado avances importantes, pero los progresos estadísticos no deben confundirse con la solución del problema. De acuerdo con el informe, entre 2000 y 2024 el país redujo el ausentismo escolar en una proporción superior a la registrada por El Salvador durante el mismo periodo. A escala mundial, además, 327 millones más de niños lograron incorporarse a la educación primaria o secundaria desde el año 2000, mientras que la proporción de personas que concluyen el bachillerato aumentó del 37 al 61 por ciento. Son avances que merecen reconocerse, aunque también obligan a preguntarnos quiénes siguen quedándose atrás y por qué.
El problema no termina con lograr que los adolescentes ingresen a las aulas. El verdadero desafío consiste en garantizar que permanezcan en ellas y concluyan sus estudios en el tiempo previsto. La UNESCO advierte que existe una brecha mundial entre quienes finalizan oportunamente la educación secundaria y quienes lo hacen años después; esta diferencia alcanza nueve puntos porcentuales en los países de bajos ingresos. Aunque las realidades nacionales son distintas, el fenómeno permite identificar una cuestión fundamental: ingresar a la escuela no garantiza contar con las condiciones necesarias para aprender y concluir un ciclo educativo.
En México, esta discusión debe considerar las profundas diferencias entre regiones, comunidades y grupos sociales. No enfrenta los mismos obstáculos un estudiante que dispone de transporte, conectividad, alimentación suficiente y respaldo económico familiar que otro que debe elegir entre estudiar y trabajar para contribuir al sostenimiento de su hogar. Cuando la educación no se acompaña de políticas que atiendan estas desigualdades, el sistema educativo corre el riesgo de reproducir las mismas estructuras sociales que debería contribuir a transformar. Así, el origen socioeconómico continúa influyendo en las oportunidades de desarrollo y movilidad social de las nuevas generaciones.
Por ello, la respuesta no puede limitarse a ampliar la matrícula o construir más planteles. Se necesitan políticas públicas integrales que articulen educación, salud, alimentación, seguridad y protección social. Las becas pueden aliviar la presión económica de los hogares; los servicios de orientación y acompañamiento pueden ayudar a prevenir el abandono; y una mayor coordinación entre autoridades, escuelas y comunidades puede contribuir a identificar oportunamente los factores de riesgo. También resulta indispensable establecer metas nacionales y regionales verificables, con indicadores que permitan conocer no solo cuántos jóvenes ingresan, sino cuántos permanecen, aprenden y concluyen sus estudios.
La responsabilidad también es colectiva. Las familias, las instituciones educativas, el sector productivo y la sociedad deben reconocer que la formación de los jóvenes no es un asunto privado, sino una condición para el bienestar común. Una juventud que encuentra oportunidades educativas tiene mayores posibilidades de desarrollar capacidades, participar en la vida pública y construir un proyecto de vida propio. En cambio, una sociedad que normaliza la exclusión educativa compromete su desarrollo, profundiza sus desigualdades y reduce las posibilidades de construir un futuro más justo.
Si el bachillerato universal pudiera alcanzarse hasta 2105, como advierte la UNESCO bajo las tendencias actuales, el problema no sería únicamente educativo: sería una señal del fracaso colectivo para garantizar derechos fundamentales. México necesita transformar los avances en resultados sostenibles y evitar que la permanencia escolar dependa del lugar de nacimiento o de la capacidad económica de cada familia. La educación no puede esperar un siglo más, porque cada adolescente que abandona las aulas representa una oportunidad que la sociedad deja de construir.
Jacquelinne Adrianna Varona González
