Durango 2027: la batalla comenzó antes de las urnas.
Por Alejandro Flores de la Parra
Las urnas todavía están lejos, pero la disputa por el poder en Durango ya comenzó. El pasado domingo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) declaró formalmente iniciado el proceso electoral de 2027, en el que once partidos competirán por las 25 diputaciones del Congreso estatal. Más allá del calendario, lo que está en juego es el equilibrio político de los próximos años y la antesala de la sucesión gubernamental de 2028.
La elección tiene una particularidad: no se renovará el Ejecutivo estatal, pero sí el Poder Legislativo que acompañará el último tramo de la administración de Esteban Villegas. Y aunque suele prestarse mayor atención a las gubernaturas, la integración del Congreso resulta determinante para aprobar presupuestos, fiscalizar recursos y construir acuerdos que permitan avanzar a Durango.
El antecedente inmediato ofrece una lectura interesante. En las elecciones municipales de 2025, la alianza PRI-PAN consiguió 20 ayuntamientos; Morena y sus aliados, 16; y Movimiento Ciudadano, tres. Aquellos resultados confirmaron que Durango conserva una competencia política real, donde ninguna fuerza puede dar por conquistado el territorio. Sin embargo, trasladar automáticamente esas cifras a 2027 sería un error: cada elección tiene circunstancias, candidaturas y dinámicas propias.
También está por definirse el futuro de las alianzas. Para el PRI y el PAN, el desafío será determinar si mantienen una fórmula de colaboración que ha tenido resultados electorales en el estado. Morena, por su parte, deberá decidir cómo articula sus acuerdos con el Partido Verde y el PT, mientras Movimiento Ciudadano y las nuevas opciones partidistas buscarán ampliar sus espacios. Las decisiones sobre coaliciones revelarán tanto las coincidencias políticas como los intereses territoriales.
Pero existe una discusión de mayor profundidad. ¿Qué clase de Congreso necesita Durango? Uno capaz de ejercer contrapesos sin convertir cada iniciativa en una confrontación partidista, y de colaborar con el Ejecutivo sin renunciar a su independencia. La gobernabilidad exige acuerdos, pero la democracia también necesita vigilancia, debate y rendición de cuentas.
A este escenario se suma otro ingrediente: la confianza en las instituciones electorales. Los recientes señalamientos nacionales sobre presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales obligan a reforzar la transparencia. El IEPC de Durango ha asegurado que sus adquisiciones cumplen con la normativa y que no enfrenta investigaciones por estos procedimientos. Es una posición que debe respetarse mientras no existan pruebas en contrario; exigir información pública tampoco significa prejuzgar responsabilidades.
El verdadero desafío para los partidos será evitar que la contienda se reduzca al reparto de candidaturas. Durango enfrenta necesidades concretas de inversión, infraestructura, seguridad, salud y fortalecimiento financiero. Esos asuntos deberían ocupar más espacio en las propuestas que las disputas internas o los cálculos electorales.
Por eso, 2027 será mucho más que una renovación legislativa. Permitirá conocer la capacidad de organización de las fuerzas políticas, sus vínculos con la ciudadanía y las condiciones bajo las cuales comenzará a configurarse el escenario de 2028.
Los partidos ya comenzaron a disputar los espacios del poder. Falta saber cuándo comenzarán a disputarse la confianza de los ciudadanos.
