•Diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones hizo un llamado a los alcaldes para que cumplan la ley
La diputada Cynthia Montserrat Hernández Quiñones hizo un enérgico llamado a los 39 municipios del Estado para que cumplan con la obligación de cobrar el servicio de agua potable, conforme a lo establecido en la ley, propuesta que fue avalada por las y los legisladores.
Al presentar el punto de acuerdo, señaló que muchos municipios no realizan este cobro, lo que genera rezagos en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua. “En la reciente revisión de las primeras leyes de ingresos detectamos que varios municipios ni siquiera cobran el agua, a pesar de que la ley lo exige”.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, agregó que, aunque existe resistencia en algunos municipios, no se debe permitir que intereses políticos continúen agravando este problema, especialmente en un contexto electoral donde algunas propuestas de campaña prometen no cobrar por el servicio.
Hernández Quiñones subrayó que garantizar servicios públicos de calidad requiere la contribución de los ciudadanos y una gestión responsable por parte de los ayuntamientos.
“Si los presidentes municipales quieren ser agentes de cambio y mejorar las condiciones de sus comunidades, deben cumplir con la ley y establecer mecanismos para recaudar lo necesario para la operación y mantenimiento del servicio de agua”, enfatizó.
La diputada también destacó que los municipios que sí cobran tarifas de agua enfrentan problemas adicionales, ya que la recaudación no siempre cubre el costo real de operación, lo que agrava la dependencia de subsidios estatales, municipales o federales.
Esta situación, dijo, refleja una debilidad en la capacidad de recaudación local que se ha consolidado desde los años 80, cuando los municipios asumieron mayores responsabilidades con la descentralización.
Finalmente, Hernández Quiñones invitó a los presidentes municipales, que próximamente visitarán el Congreso, a reflexionar sobre su papel en la mejora de los servicios públicos y a priorizar la implementación de políticas responsables que beneficien a la ciudadanía a largo plazo.
