POR: LILY ORTIZ
Después del Estruendo: El Costo Humano y el Reto Político Tras la Caída del Mencho
El pasado domingo no solo marcó la caída de un líder criminal; abrió una nueva etapa política, social y humana para el país. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación, sacudió a Jalisco y obligó a todo México a mirar de frente una realidad que durante años se había normalizado.
Las repercusiones fueron inmediatas, bloqueos, quema de vehículos, incendios en comercios, suspensión de actividades, miedo colectivo; la violencia no fue espontánea; fue un mensaje, un recordatorio de que la caída de un líder no significa la desaparición de la estructura. Al contrario, muchas veces abre la puerta a reacomodos internos, disputas por el control y demostraciones de fuerza que buscan preservar el dominio territorial.
En el plano político, el Gobierno enfrenta un escenario de alto riesgo. Si bien el operativo representa un golpe estratégico contundente y un mensaje de autoridad del Estado, también obliga a sostener resultados. La expectativa pública se eleva; no se puede permitir que la narrativa sea únicamente la del enfrentamiento exitoso; debe ser la del antes y el después, la ciudadanía no mide la seguridad en capturas o abatimientos, la mide en tranquilidad cotidiana.
Económicamente, el impacto no es menor; Jalisco es uno de los motores productivos del país y cada jornada de violencia erosiona la confianza, detiene inversiones y afecta al comercio local. Pero el daño más profundo es social: el miedo sembrado en las familias, la incertidumbre en padres que dudan si enviar a sus hijos a clases, comerciantes que bajan cortinas por temor y trabajadores que no saben si podrán regresar a sus empleos con normalidad.
Sin embargo, más allá de la geopolítica del crimen y las cifras oficiales, el episodio dejó una imagen que trasciende la coyuntura: la confirmación de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que perdieron la vida en el operativo; cada uniforme caído representa una familia rota, hijos que crecerán sin padre o madre; padres que despiden a un hijo que juró servir a su país.
Ver al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, visiblemente conmovido al informar sobre las bajas fue un momento que rompió el protocolo. Humanizó a la institución, recordó que detrás de cada decisión estratégica hay personas que asumen riesgos reales. La firmeza no está reñida con la sensibilidad; y reconocer el dolor no debilita al Estado; lo dignifica.
Lo que sigue es, quizás, más complejo que el operativo mismo, la historia ha demostrado que la eliminación de un líder criminal puede derivar en fragmentación y violencia interna. El Gobierno tiene ahora la responsabilidad de anticiparse a ese escenario; y no, no basta con presencia militar; se requiere inteligencia financiera, coordinación estatal, fortalecimiento de fiscalías y una política social que cierre espacios de reclutamiento criminal.
La dimensión política del momento es clara: no hay margen para retroceso; si este golpe pretende marcar un parteaguas, debe sostenerse con estrategia integral y resultados visibles en la vida diaria de la gente. La ciudadanía no quiere espectáculos de fuerza aislados; quiere estabilidad permanente.
El domingo dejó algo más que cenizas en las carreteras; dejó preguntas sobre el modelo de seguridad, sobre la resiliencia institucional y sobre nuestra capacidad como sociedad para no normalizar la violencia; y sí, también dejó duelo. Y ese duelo debe traducirse en responsabilidad.
Porque cuando un elemento de las fuerzas federales cae, no pierde solo el Estado: pierde una familia, pierde una comunidad y pierde el país entero.
