POR: LILY ORTIZ
El decálogo que dividió a todos
La nueva reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Congreso con una etiqueta seductora: el “Decálogo por la Democracia”; diez puntos, aparentemente simples, pero suficientes para provocar lo que en política suele ser inevitable: una tormenta de posiciones encontradas, discursos encendidos y para sorpresa de algunos divisiones incluso dentro del propio bloque gobernante.
La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados con un paquete de cambios que buscan modificar desde la forma en que se integran los legisladores hasta la manera en que se regulan las campañas; entre sus puntos centrales se encuentran la transformación de la representación proporcional, la reducción del gasto electoral, mayor fiscalización de los recursos, facilidades para el voto en el extranjero, cambios en los tiempos de radio y televisión, regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, modificación de los cómputos distritales, ampliación de la democracia participativa, la prohibición del nepotismo y el regreso al viejo principio de no reelección consecutiva.
Sobre el papel, el decálogo parece una lista de buenos propósitos como lo es el reducir privilegios, mejorar la fiscalización y abrir espacios de participación ciudadana. El problema, como suele ocurrir en política, no está tanto en la intención declarada sino en la interpretación del poder que cada actor hace de la reforma.
La oposición no tardó en reaccionar. El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alito Moreno, anunció que su bancada votará en contra, calificando la iniciativa como una amenaza a la democracia. En paralelo, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, advirtió que no darán “ni un voto para una simulación”, al considerar que la reforma no surgió del consenso ni aborda temas delicados como la infiltración del crimen organizado en las elecciones.
Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol; el PRI y el PAN defendiendo el actual sistema electoral es casi una escena clásica del teatro político mexicano.
Lo interesante y quizá lo verdaderamente revelador está del otro lado del tablero.
Porque mientras la oposición se coloca en su papel habitual de resistencia, la reforma también ha generado incomodidad dentro del propio bloque oficialista; el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, ya adelantó que su bancada no respaldará la iniciativa. Y aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) mantiene un silencio prudente ese silencio que en política suele significar “estamos negociando” la discusión evidencia que la llamada “alianza oficialista” no siempre camina con la misma disciplina.
En otras palabras: la reforma electoral logró algo que pocas iniciativas consiguen: incomodar a todos al mismo tiempo.
Para Morena, el decálogo representa la narrativa de una democracia más austera y participativa; para la oposición, es un intento de rediseñar las reglas del juego desde el poder. Y para algunos aliados del gobierno, parece ser una reforma que, aunque suena bien en discurso, podría alterar equilibrios políticos que hoy les resultan cómodos.
En el fondo, la discusión revela algo más profundo que diez puntos constitucionales, muestra que el sistema político mexicano sigue atrapado en una paradoja: todos dicen querer mejorar la democracia, pero casi nadie está dispuesto a modificar las reglas que le han permitido sobrevivir dentro de ella.
Así que el llamado “Decálogo por la Democracia” ya cumplió su primera función política: abrir un debate nacional. Falta ver si también logra lo más difícil en México cuando se habla de reformas electorales: construir consensos donde históricamente solo han prosperado las sospechas.
Y si no ocurre, tampoco sería una sorpresa; después de todo, en la política mexicana los decálogos suelen terminar reducidos a un solo mandamiento no escrito.
