POR: LILY ORTIZ
La reforma electoral que no fue
En política, las derrotas legislativas también hablan; y a veces dicen más que los triunfos. Lo ocurrido en el Congreso con la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum es un ejemplo claro: por primera vez en el nuevo sexenio, una iniciativa presidencial no alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar, por tanto el mensaje político es inevitable.
El episodio dejó varias lecturas; la primera es evidente: ni siquiera la coalición gobernante logró cerrar filas, aunque formalmente el bloque integrado por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México sostienen que su alianza se mantiene firme rumbo a 2027; pero la votación dejó ver grietas. No necesariamente una ruptura, pero sí tensiones internas que podrían traducirse más adelante en negociaciones más duras por espacios, candidaturas y posiciones de poder.
La segunda lectura se dirige hacia la oposición, el bloque formado por Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano insistió en que presentó propuestas y reservas durante la discusión; sin embargo, desde su perspectiva, muchas de ellas fueron ignoradas por una mayoría legislativa acostumbrada a avanzar sin negociar. El resultado fue un muro político: sin diálogo real, y la reforma simplemente no pasó.
Pero más allá del marcador legislativo, lo interesante viene después.
En los pasillos políticos comenzó a mencionarse nuevamente el fantasma del llamado “Plan B”, una estrategia que ya se vio en el pasado reciente; si la reforma constitucional no avanza, el gobierno podría intentar modificar aspectos clave del sistema electoral mediante leyes secundarias, y es ahí donde diversos actores políticos han levantado la voz.
La advertencia es clara: una reforma electoral fragmentada, construida a través de cambios legales y no constitucionales, podría terminar alterando reglas del juego sin el consenso amplio que exige una democracia electoral sólida. En otras palabras, una reforma “a modo” que no requiera mayoría calificada, pero sí tenga efectos prácticos en la organización de elecciones, financiamiento o funcionamiento institucional.
Obviamente desde el oficialismo se rechaza esa lectura, y en cambio sostienen que cualquier modificación buscará modernizar el sistema y hacerlo más eficiente. Sin embargo, la sospecha ya está instalada en el debate público.
A esto se suma otro fenómeno conocido en la política mexicana: el linchamiento político; y es que algunos legisladores que votaron en contra de la iniciativa han comenzado a ser señalados desde tribunas partidistas y redes sociales como responsables de frenar una reforma que, según el discurso oficial, buscaba fortalecer la democracia. No sería la primera vez que una votación legislativa se convierte en herramienta de presión política rumbo a futuras elecciones.
La paradoja es evidente; mientras los partidos del bloque gobernante aseguran que su alianza está más viva que nunca rumbo a 2027, el resultado legislativo dejó la impresión de que la disciplina política no es tan sólida como se presume.
La reforma electoral que no fue, más que cerrar un capítulo, parece haber abierto varios. Y lo que venga después ya sea negociación real o cambios por la puerta de atrás definirá si el sistema electoral mexicano evoluciona por consenso o por imposición.
