POR: LILY ORTIZ
El dinero público no tiene partido
La revisión de las cuentas públicas representa uno de los ejercicios más importantes que tiene cualquier Congreso; y es que no se trata únicamente de revisar números o expedientes; se trata de verificar que cada peso proveniente de los impuestos de las y los ciudadanos haya sido utilizado con legalidad, eficiencia y transparencia.
Con el inicio del análisis de los informes de resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2025, las y los diputados tienen frente a sí una responsabilidad que va mucho más allá de levantar la mano para aprobar o rechazar un dictamen. Su obligación es convertirse en verdaderos representantes de la sociedad, dejando de lado intereses partidistas, afinidades políticas o compromisos personales.
La fiscalización no puede tener color, definitivamente no debe ser más severa con los adversarios ni más indulgente con los aliados; si la revisión depende del partido al que pertenezca el funcionario o el alcalde en turno, entonces pierde su razón de ser y se convierte en un instrumento político, cuando su naturaleza es eminentemente técnica.
También es importante que este proceso sea oportuno, y sí, de poco sirve detectar observaciones si éstas permanecen durante meses o incluso años sin resolverse; incluso llegan a concluir trienios y las observaciones siguen ahí. La rendición de cuentas exige procedimientos ágiles, que permitan aclarar errores administrativos cuando existan y, al mismo tiempo, actuar con firmeza cuando se detecten irregularidades que puedan representar un daño al patrimonio público.
Las comparecencias de funcionarios, cuando sean necesarias, deben entenderse como una herramienta para transparentar el ejercicio del gasto y no como un espectáculo político. Su propósito debe ser aclarar dudas, aportar información y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Es cierto que no todas las observaciones derivan de actos de corrupción; muchas obedecen a deficiencias administrativas, documentación incompleta o errores de procedimiento que pueden solventarse conforme a la ley. Sin embargo, también existen casos donde las inconsistencias revelan problemas de mayor profundidad y, en esos escenarios, no puede haber espacio para la simulación ni para la impunidad.
La ciudadanía espera que el Congreso actúe con responsabilidad, espera revisiones objetivas, resoluciones sustentadas y decisiones que respondan al interés público, no a cálculos políticos. Cada cuenta pública representa recursos que pertenecen a los duranguenses y, por ello, su revisión debe ser seria, transparente y profesional.
Una fiscalización eficiente, imparcial y sin retrasos fortalece la rendición de cuentas y envía un mensaje claro: el manejo de los recursos públicos debe estar sujeto al escrutinio permanente, sin importar nombres, cargos o partidos políticos.
Y lo cierto es que si el dinero es público, no de partidos ni gobiernos; quienes tienen la responsabilidad de revisarlo tampoco deberían tenerlos al momento de ejercer su función.
