POR: LILY ORTIZ
¿Regular las pantallas… o maquillar el problema?
Cada cierto tiempo aparece un tema que, por su carga emocional, parece reunir consensos inmediatos, la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del mundo digital es uno de ellos. ¿Quién podría oponerse a cuidar la salud mental de las nuevas generaciones? El problema comienza cuando una causa legítima se convierte en una estrategia política y la solución se reduce a una prohibición.
La intención del Gobierno Federal de establecer lineamientos para regular el acceso de menores a dispositivos inteligentes y plataformas digitales abre un debate que va mucho más allá de los teléfonos celulares; la verdadera pregunta no es si existe un problema porque lo hay y es innegable; sino si la ruta elegida realmente resolverá el fondo del asunto o simplemente permitirá al gobierno enviar un mensaje de que “está haciendo algo”.
Los datos son contundentes. Especialistas en psiquiatría infantil, psicología y neurociencias han advertido durante años sobre los efectos del uso excesivo de pantallas: trastornos del sueño, ansiedad, depresión, aislamiento, menor capacidad de concentración y una creciente dependencia de la gratificación inmediata que generan las redes sociales, pero los expertos coinciden en que prohibir no es la respuesta.
La evidencia internacional demuestra que las restricciones absolutas suelen ser difíciles de aplicar y, muchas veces, terminan trasladando el problema a otros espacios menos supervisados; los adolescentes encuentran nuevas formas de acceder a las plataformas, mientras los padres continúan enfrentando el mismo desafío: educar en un entorno digital que evoluciona mucho más rápido que las leyes.
Ahí es donde la discusión política adquiere relevancia.
Resulta mucho más sencillo anunciar regulaciones que invertir en educación digital; es más rentable políticamente hablar de restricciones que fortalecer la atención psicológica en las escuelas; genera más titulares prometer controles que exigir responsabilidades reales a las grandes empresas tecnológicas, cuyos algoritmos están diseñados precisamente para mantener cautivos a los usuarios, sin importar su edad.
Y ese es quizá el mayor vacío de la propuesta.
Porque si la responsabilidad termina depositándose únicamente en las familias y en las escuelas, mientras las plataformas digitales continúan operando con modelos de negocio basados en captar la atención de menores, la política pública quedará incompleta; regular al usuario sin regular a quien diseña el sistema es combatir los síntomas y dejar intacta la enfermedad.
También conviene preguntarse si el Estado debe convertirse en el árbitro de la vida digital de las familias. México enfrenta rezagos educativos, problemas de violencia escolar, déficit en salud mental infantil y una brecha tecnológica que limita el acceso a herramientas digitales en miles de comunidades. En ese contexto, la prioridad no debería ser únicamente restringir el uso de dispositivos, sino enseñar a utilizarlos con criterio.
Cierto es que el teléfono inteligente no nació para destruir infancias, puede ser una herramienta de aprendizaje, comunicación y acceso al conocimiento. Lo que resulta dañino no es la tecnología en sí, sino la ausencia de límites, acompañamiento y alfabetización digital.
Regular, sí. Pero hacerlo con evidencia científica, con participación de especialistas, docentes, padres de familia y organizaciones civiles. No desde la lógica de que toda prohibición genera automáticamente bienestar.
Si la iniciativa federal forma parte de una estrategia integral que incluya educación digital, atención psicológica, corresponsabilidad de las plataformas tecnológicas y apoyo a las familias, puede convertirse en un paso importante. Pero si todo termina reducido a restricciones difíciles de vigilar y anuncios políticamente rentables, estaremos frente a otro caso donde la forma supera al fondo.
